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Contradicciones, dudas y presunto faltante de fotos: imputan a carretelero que protagonizó un trágico choque
El siniestro ocurrió el 11 de diciembre en Pocito. La víctima agonizó diez días y murió. El implicado quedó en libertad hasta que termine la investigación, que se fijó en un año.
Por Facundo Merenda
Estaba previsto que fuera una audiencia sencilla en cuanto al relato de lo ocurrido. De hecho, lo fue. Sin embargo, hubo un contraste de opiniones vertidas que generaron una especie de contradicciones frente al juez de Garantías, Federico Rodríguez. Julio Gil, de 31 años, llegó a Tribunales y escuchó al Ministerio Público Fiscal que lo imputó del delito de homicidio culposo contemplado en el artículo 84, párrafo primero, del Código Penal.
Gil es cartonero. Para trabajar utiliza una carretela que él mismo construyó. Cerca de las 21:30 del 11 de diciembre del año pasado, el hombre iba por calle 6 desde Lemos hacia Vidart. Quedándole doscientos metros para llegar a su casa, en el Loteo San Nicolás, protagonizó un siniestro vial.
Cristian Sánchez iba a bordo de una Zanella 150 centímetros cúbicos. El motociclista no vio la carretela, debido a la falta de señalética que tenía, y quedó incrustado en la parte trasera del sulky. Ambos conductores circulaban en la misma dirección, es decir, de este a oeste por calle 6.
Fiscalía precisó que esa zona corresponde al departamento Rawson, sin embargo, la defensa del implicado y el mismo carretelero aseguraron que es Pocito. Esta fue la primera contradicción, aunque quizás la más leve. El juez insistió en que el imputado precisara con exactitud la altura del siniestro para dejar constancia del mismo en el archivo de audio y video que se toma en las audiencias del Sistema Acusatorio.
La UFI Delitos Especiales, por medio del fiscal Adrián Riveros, solicitó que el accionar de Gil esté encuadrado en el delito de homicidio culposo. Pidió un año para la investigación y así corroborar cada uno de los detalles y elevar la causa a juicio, en caso de que así lo amerite.
Algo que llamó la atención es que los fiscales hicieron hincapié en esa figura del código que establece la pena para quien maneje un vehículo motor, acto seguido aseguraron que lo que dirigía Gil era una carretela con tracción a sangre.
Sin embargo, esta situación no fue advertida por Miguel Gelvez, abogado defensor de Gil, y aceptó lo solicitado por Fiscalía en cuanto al plazo de investigación. Únicamente, puso de manifiesto la continuidad en libertad de su cliente hasta el cierre de la instrucción.
Rodríguez le preguntó a Gil si quería declarar, circunstancia que fue aceptada. Aseguró que el motociclista lo impactó desde atrás, enganchándose en la parte trasera de una de sus ruedas. El implicado dijo que la Policía no le hizo control de alcoholemia ni a él, ni tampoco a la víctima.
Gil recordó cuando vio como la ambulancia trasladó a Sánchez hacia el Hospital Guillermo Rawson. Precisó que los peritos tampoco tomaron fotos del siniestro, situación que fue precisada por la Fiscalía. Este hecho marcó otro contrapunto entre las partes.
El hombre explicó que los efectivos le permitieron llevarse el sulky a su casa. Ahí aprovechó para repararlo y seguir trabajado. Esto marcó otra dicotomía debido a que la defensa pidió que la Comisaría 6º le restituyera la carretela, algo que el mismo implicado ya había contado que lo tenía en su poder. Aunque el juez avaló el pedido de Gelvez, pero con el reparo que hizo Fiscalía de presentar los papeles que acrediten que es de su propiedad. Hecho que será difícil probar debido a que fue una fabricación casera, de acuerdo a lo que se señaló en la audiencia.
El Ministerio Público Fiscal aseguró que el hombre violaba lo establecido en la Ley de Tránsito. El carruaje no llevaba luces, por lo que se dificultaba su presencia en la vía pública. El fiscal precisó que la víctima murió a los diez días producto de las lesiones que le ocasionó el choque. Tenía traumatismo encéfalo craneano grave y hemorragia cerebral.