Policiales > Investigación
El negocio de las viandas en Ezeiza: 25 millones de dólares al año para comida con bacterias, clavos y restos de pelo
Según la causa, el contrato movería unos 25 millones de dólares anuales, mientras análisis oficiales detectaron bacterias y cuerpos extraños en las viandas. El juez allanó la oficina del director del Servicio Penitenciario.
POR REDACCIÓN
El sistema de catering para la población carcelaria del Complejo Federal de Ezeiza se encuentra bajo escrutinio judicial tras numerosas denuncias sobre la calidad de los alimentos suministrados. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga presuntas irregularidades en un servicio que, según cálculos basados en datos de la causa, manejaría un volumen financiero cercano a los 25 millones de dólares anuales.
La investigación, que unifica habeas corpus presentados desde 2016, se centra en las condiciones de las viandas entregadas a los aproximadamente 2.000 internos del establecimiento. Informes periciales del Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), incorporados al expediente, han detectado en diversas muestras la presencia de bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus en niveles que superan los parámetros admitidos por el Código Alimentario Argentino, determinando que los alimentos "no son aptos para el consumo humano".
Estructura del servicio y cambios de proveedores
Inicialmente, el servicio estaba a cargo de la empresa Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A.. En agosto de 2024, tras un fallo del juez Villena, se prohibió a esta firma continuar con la provisión. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) adjudicó entonces el servicio de manera transitoria a Biolimp Soluciones de Calidad S.A.
Sin embargo, la investigación judicial habría hallado indicios de una conexión operativa entre ambas empresas. Según consta en autos, se identificó que Biolimp utilizaba vehículos que anteriormente pertenecieron a Food Rush, compartía personal y tenía domicilio fiscal coincidente con otra firma denominada Q-Chef. Estos hallazgos llevaron al magistrado a sospechar la existencia de un esquema de continuidad en la prestación pese al cambio formal de proveedor.
Aspectos financieros y condiciones de los alimentos
De acuerdo con fuentes judiciales, el contrato establece un pago de $17.000 por cada plato entregado. Considerando tres comidas diarias por interno, la operatoria generaría una facturación diaria aproximada de $102 millones, lo que anualizado ascendería a más de $37.000 millones.
En contraste con este volumen de recursos, los testimonios recogidos en la causa y los informes de la ANMAT describen deficiencias recurrentes. Se han reportado hallazgos de cuerpos extraños en la comida, como fragmentos metálicos y material biológico, así como estados de descomposición en productos perecederos. Asimismo, se investiga el incumplimiento de dietas especiales prescriptas por motivos de salud.
Acciones judiciales recientes y alcance de la investigación
Como parte de las medidas de investigación, el juez Villena ordenó una serie de allanamientos el viernes 26 de diciembre. Los operativos se llevaron a cabo en las sedes de las empresas involucradas y en oficinas del Servicio Penitenciario Federal, incluido el despacho de su director, Fernando Martínez.
Durante este procedimiento, se registró que el funcionario no pudo entregar su teléfono celular, manifestando que lo había extraviado aproximadamente una hora antes del operativo. El magistrado dispuso la realización de pericias para verificar la geolocalización del dispositivo en el momento de su desactivación.
La investigación también examina el proceso de licitación para la provisión del servicio, el cual fue suspendido. En la compulsa se habían presentado las empresas ya mencionadas y otras tres firmas sin experiencia previa en el rubro, las cuales no cumplieron con los requisitos de admisión.