El oficialismo logró dictamen exprés para Ley Hojarasca

Sin previsión de sesionar en el corto plazo, el oficialismo en la Cámara de Diputados avanzó de manera acelerada y logró el dictamen de mayoría para el proyecto de derogación de legislación obsoleta, conocido como Ley Hojarasca. La iniciativa fue tratada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde obtuvo respaldo clave de bloques aliados.

El despacho fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, a los que se sumaron legisladores de Innovación Federal. En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, mientras que otros espacios también impulsaron alternativas con menor nivel de adhesión.

Durante el debate, funcionarios del área de Desregulación del Estado defendieron el proyecto como una herramienta para ordenar el entramado normativo argentino. El eje central de la propuesta apunta a eliminar normas consideradas obsoletas y reducir la superposición legislativa acumulada a lo largo de los años.

Según se expuso en comisiones, el país cuenta con un volumen elevado de leyes, decretos y disposiciones que generan incertidumbre tanto para los ciudadanos como para la administración pública. En ese marco, el proyecto busca avanzar en una depuración del sistema legal para dotarlo de mayor claridad y previsibilidad.

El oficialismo introdujo algunos cambios respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, se decidió mantener vigente la normativa que habilita al Banco Nación y al Banco Hipotecario a otorgar créditos a cooperativas, tras planteos del sector. También se descartó avanzar sobre beneficios vinculados a legisladores y se ajustaron aspectos relacionados con la Federación Argentina de Municipios.

En términos técnicos, la iniciativa establece distintos criterios para clasificar las normas a derogar, con el objetivo de reemplazar marcos legales antiguos por otros más actuales y evitar conflictos de interpretación. La propuesta retoma antecedentes como los digestos jurídicos sancionados en décadas anteriores, aunque plantea la necesidad de una actualización más profunda.

Desde el oficialismo sostienen que el avance del proyecto responde a la necesidad de reducir lo que consideran una “inflación legislativa”, producto de la acumulación de normas a lo largo del tiempo. En ese sentido, remarcan que la falta de orden en el sistema legal implica costos para la actividad económica y para el funcionamiento del Estado.

Más allá de las diferencias políticas, el tratamiento exprés permitió al oficialismo encaminar una de sus iniciativas de desregulación, que ahora queda en condiciones de ser llevada al recinto cuando se defina su inclusión en el temario de sesiones.

El resultado en comisiones marca un paso clave para el Gobierno nacional, que busca avanzar con reformas orientadas a simplificar el marco normativo y reducir la intervención estatal. La discusión de fondo, sin embargo, continuará en el recinto, donde la oposición anticipa cuestionamientos sobre el alcance y los efectos de la propuesta.