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Investigan una boda en Cafayate por el uso de un permiso falso en área protegida
La Justicia investiga la presunta falsificación de un permiso para realizar un casamiento en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate.
POR REDACCIÓN
Un casamiento celebrado en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, desató un escándalo en Salta luego de que las autoridades denunciaran la utilización de un permiso presuntamente falso para realizar el evento en un área natural protegida. La Justicia ya investiga el caso.
La polémica surgió tras la viralización de imágenes de la boda, realizada el 23 de marzo, donde se observaban estructuras, iluminación y montaje en pleno paisaje protegido. A partir de esa difusión, la Municipalidad de Cafayate advirtió que el evento no contaba con la autorización correspondiente y radicó una denuncia.
En paralelo, la Secretaría de Ambiente de Salta detectó la circulación de un documento que supuestamente habilitaba la celebración, pero confirmó que se trataba de un permiso apócrifo que no fue emitido por el organismo competente.
El funcionario a cargo del área, Alejandro Andazábal, fue contundente: aseguró que su firma fue falsificada en el documento presentado y remarcó que “no autorizó” el evento, lo que derivó en una denuncia penal por presunta adulteración de instrumento público.
La investigación apunta a determinar responsabilidades sobre la organización del casamiento, que habría tenido lugar dentro de una propiedad privada ubicada en el área protegida, pero sin cumplir con los requisitos legales exigidos para ese tipo de actividades.
Las autoridades recordaron que la Quebrada de las Conchas está regulada por normativas ambientales estrictas que obligan a realizar evaluaciones de impacto y a tramitar permisos formales antes de cualquier intervención, con el objetivo de preservar el entorno natural.
Además del posible delito por falsificación, el caso también podría derivar en sanciones por infracciones ambientales, ya que eventos de este tipo pueden afectar la fauna, la flora y el equilibrio del ecosistema debido al uso de luces, sonido y la presencia masiva de personas.
Mientras avanza la causa judicial, el episodio reavivó el debate sobre el uso de áreas protegidas para eventos privados y el control estatal en espacios de alto valor ambiental en la provincia.