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Jaqueada por deudas, la Unión Vecinal Valle de Zonda perdió el edificio
El interventor de la Unión Vecinal Valle de Zonda explicó que las deudas mayoritarias las contrajeron el municipio y el Ministerio de Educación de San Juan debido a que no pagaban el servicio de agua.
Por falta de fondos y no poder afrontar un juicio laboral, la Unión Vecinal Valle de Zonda perdió su sede. La entidad, que se encarga de proveer el agua potable casi en la totalidad del departamento, ahora fue rematada. El problema surgió cuando un ex empleado municipal demandó a la unión vecinal por no haber pagado su indemnización, en consecuencia, José Luis Trigo, exempleado, inició la demanda que terminó en la subasta de las instalaciones. El edificio se terminó rematando por malas gestiones de los interventores que por más de 10 años estuvieron con este problema judicial sin tomar cartas en el asunto.
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El interventor Walter Correa explicó que cuando él llegó, en el año 2019 la unión vecinal ya contaba con esos problemas. Además, dijo que los principales deudores de la entidad eran dos reparticiones estatales: el municipio y el Ministerio de Educación no pagaban el agua.
En ese sentido, el interventor fue entrevistado en el programa "Pensar San Juan" por Radio Sarmiento y explicó que en su gestión hubo algunas restricciones en el servicio de agua potable a los 13 inmuebles que tiene registrado el municipio de Zonda, sobre todo en el regadío de algunas plazas, ya que el municipio utilizaba, en gran parte, agua potable para regar los espacios verdes del departamento.
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Ahora la realidad es que la unión vecinal está buscando un lugar donde poder establecerse, por el hecho de que el edificio, hoy, pertenece a Trigo. Una de las posibilidades que se planteaba era que este les alquilaría el edificio a los vecinos, pero eso implicaría pagar una cuota mensual elevada, por lo cual los vecinos desistieron.
Cabe resaltar que la distribución de agua no se verá afectada. En ese edificio solo funcionaba la parte administrativa de la unión vecinal y también un depósito que tenían para guardar herramientas y elementos para realizar reparaciones de reclamos vecinales.
Para concluir, Correa dijo que hay un compromiso de pago por parte del intendente Miguel Atampiz, pero que para la unión vecinal es muy costoso mantener las bombas de agua encendidas mucho tiempo porque según el interventor, las últimas boletas tienen un monto cercano a los $2.000.000.