La nueva Ley de Salud Mental propone reformas con foco en las internaciones

El Gobierno nacional enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de salud mental que busca reformar el esquema vigente con cambios profundos en internaciones, tratamientos y organización del sistema, en medio de un debate que ya genera posiciones encontradas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación de los criterios de internación. El proyecto propone agilizar estos procesos y permitir intervenciones más rápidas cuando exista riesgo para la persona o terceros, reduciendo las restricciones actuales que, según el oficialismo, dificultan la respuesta ante situaciones críticas.

En esa línea, se busca reforzar el rol de los médicos en la toma de decisiones clínicas. Si bien se mantendrá el enfoque interdisciplinario, el nuevo esquema apunta a que los profesionales de la salud tengan mayor capacidad de acción en contextos de urgencia.

El proyecto también plantea cambios en el modelo de atención, revisando el proceso de desmanicomialización establecido por la ley vigente. Aunque no elimina este enfoque, propone complementarlo con una mayor disponibilidad de dispositivos de internación y tratamiento en instituciones especializadas para casos severos.

Otro eje clave es la integración del abordaje de consumos problemáticos dentro del sistema de salud mental. La iniciativa promueve una estrategia más amplia, que contemple tanto la atención médica como el acompañamiento social y comunitario de las personas afectadas.

Además, se prevé fortalecer la red de atención en todo el país, con mayor articulación entre hospitales, centros de salud y servicios de emergencia, para mejorar la continuidad de los tratamientos y evitar la fragmentación del sistema.

El proyecto también contempla una revisión de los procedimientos judiciales vinculados a la salud mental, con el objetivo de simplificar intervenciones y garantizar respuestas más rápidas sin descuidar los derechos de los pacientes.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a adaptar la normativa a la realidad actual, marcada por un aumento de casos complejos y la necesidad de respuestas más eficientes. En ese marco, consideran que el sistema vigente presenta limitaciones que deben ser corregidas.

Sin embargo, la iniciativa abre un debate amplio entre especialistas, organizaciones y actores del sistema de salud, ya que implica revisar principios clave de la ley actual, en un tema sensible que combina salud pública, derechos humanos y políticas sociales.