Ley de Sociedades: qué cambios propone el Gobierno y su impacto

El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a flexibilizar la organización de las empresas, reducir la intervención estatal y adaptar la normativa a los nuevos modelos de negocios digitales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que los principales detalles fueron presentados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que la reforma busca pasar de un sistema “rígido y anacrónico” a un marco basado en “la autonomía, la libertad y la desregulación”. 

Entre los cambios centrales, el proyecto establece que las normas de la ley tendrán carácter supletorio y que serán los estatutos societarios los que definan gran parte del funcionamiento interno de las compañías. Además, limita la capacidad de los registros públicos para imponer restricciones adicionales a las previstas por la legislación.

La iniciativa también propone eliminar diversas trabas burocráticas. El objeto social de una empresa podrá ser amplio y abarcar múltiples actividades sin necesidad de vinculación entre ellas. Incluso, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se considerará habilitada para desarrollar cualquier actividad lícita. 

Otro de los puntos destacados es la digitalización total de las sociedades. El proyecto contempla domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas remotas, constitución mediante firma electrónica y la creación de legajos digitales públicos para cada empresa. 

Además, incorpora nuevas figuras jurídicas vinculadas a la tecnología. Entre ellas aparecen las llamadas “Sociedades Automatizadas”, capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin intervención humana permanente, y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras basadas en blockchain y tokens digitales que tendrán personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. 

La reforma también habilita mecanismos de inversión más flexibles, como instrumentos convertibles que permiten aportar capital sin convertirse inmediatamente en socio, y facilita procesos de reorganización empresarial para grupos económicos. 

Otro aspecto que genera debate es la posibilidad de que las sociedades puedan pactar la resolución de conflictos bajo legislación extranjera o mediante arbitrajes privados, una herramienta que el oficialismo considera clave para atraer inversiones internacionales.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma modernizará el marco jurídico argentino y mejorará la competitividad del país. “Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó Sturzenegger. 

Sin embargo, sectores opositores y especialistas advirtieron que la iniciativa podría reducir controles estatales sobre las empresas y otorgar mayor margen de autonomía al sector privado, especialmente en materia regulatoria y societaria.