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Lo de Cáceres es un golpe contra las conquistas de todas

Procesado por violencia, es Diputado de la Nación y vota leyes que configuran la vida en sociedad. Desde ese lugar de poder va directo contra una conquista que es de todas.

Micaela García tenía 21 años cuando Sebastián Wagner la mató. Él tenía antecedentes por hechos de violencia de género. Un juez lo había liberado algunos meses antes del femicidio, en un fallo sin perspectiva de género y que posibilitó el crimen.

Tras ese hecho horroroso, injusto y evitable es que nació la Ley Micaela, que obliga a los funcionarios públicos a aprender sobre Género y Violencia contra las mujeres. Para que los funcionarios no vuelvan a tomar decisiones que nos dejen a todas en una posición aún más vulnerable.

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Y contra esa ley actúa Eduardo Cáceres, el diputado nacional por San Juan procesado por golpear a su ex pareja.

Entre los argumentos para modificar esta conquista social, el legislador del PRO propone “penar las falsas denuncias y escraches” y las “maniobras de alejamiento de padres de los hijos”. Estas dos, herramientas que ya existen. Además, los escraches, aunque ilegales, surgen como una respuesta social a la falta de respuesta judicial e institucional.

No, Cáceres no busca "mejorar" la ley, como puede argumentar. Quiere borrar su naturaleza y hasta borrar a Micaela, porque propone que la nueva norma se llame "Ley Alejo".

Lejos de intentar sumar, el sanjuanino niega con su proyecto que la violencia hacia las mujeres es un problema estructural. Se escuda en el caso de Alejo Oroño, un joven de 25 años asesinado por su pareja.

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El crimen de Alejo es también grave y pudo evitarse. Pero las raíces son diferentes: mientras el joven no se animaba a denunciar por vergüenza, un problema que nace por los estereotipos de género del machismo, Micaela o Úrsula fueron víctimas de hombres denunciados con anterioridad.

Para que no haya más Alejos hace falta que la sociedad revise el lugar que ocupan los varones en el imaginario social. En lugar de tener que sostener la posición de poder a toda costa, es más saludable entender que también son vulnerables y por lo tanto deberían poder pedir ayuda sin ser juzgados.

En cambio, para que no haya más Micaelas o Ursulas hace falta que las instituciones y quienes las integran entiendan los riesgos reales de la cultura machista.

En lugar de querer modificarla, Cáceres debería darle una repasada a la ley Micaela.

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