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El Cronista > "Persecución judicial"

Nuevo quiebre entre LLA y JxC por el uso de los organismos en causas de corrupción

El nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no facultará a la Oficina Anticorrupción y a la UIF para que querellen en causas y la extitular de la OA acusó al gobierno libertario de avalar la teoría del "lawfare".

POR EL CRONISTA PARA DIARIO HUARPE

Fuente: Télam
Autor: Pablo Añeli

No vamos a hacer operaciones políticas para perjudicar o perseguir a alguien", dijo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en uno de los tantos reportajes que concedió en el marco de su oficialización de su nombramiento. El ahora funcionario también comentó que ese fue uno de los pedidos expresos que le hizo Javier Milei al hacerle la propuesta y que aquello lo convenció de tomar el cargo.

Si bien eso parece una idea más general -y hasta filosófica- de la cuestión procedimental de la Justicia, el ministro ya anunció que buscará llevar a la práctica aquello y decidió que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya no sean querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero.

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"Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado", dijo Cúneo Libarona a Infobae.

Se trata de un avance respecto de la decisión que había tomado el gobierno de Alberto Fernández en 2020, cuando el entonces titular Félix Crous firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios penales contra funcionarios y exfuncionarios públicos, alegando que la OA controla y previene pero no querella, que esa tarea es propia de fiscales y la Procuración de Investigaciones Administrativas.

Esto configuró un giro al respecto de la política llevada a cabo por la gestión de Laura Alonso en la presidencia de Mauricio Macri, quien mantuvo un rol activo como acusadora en los expedientes que se tramitaban en los tribunales de Comodoro Py contra el kirchnerismo y no inició ningún proceso contra funcionarios de la gestión Macri.

El conflicto con los alfiles judiciales de Juntos por el Cambio

La nueva política que se aplicará a partir de esta gestión generó una cuña con los exintegrantes de esos organismos durante el macrismo.

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Quien salió en primer lugar fue el extitular de la UIF, Mariano Federici, que en una extensa carta publicada en su cuenta personal de X -antes Twitter-marcó que la decisión tomada por Cúneo Libarona bajo "el argumento de la 'persecución' no es más que la construcción de un relato falso". "Quitarle al organismo la facultad de querellar debilitaría la acusación y favorecería de manera directa a los acusados".

Su exvicepresidenta en la UIF, María Eugenia Talerico, lo apoyó y acusó a los libertarios de "encubrimiento" y "complicidad". 

    Como ex titular de la UIF bajo el gobierno del Presidente Mauricio Macri, no puedo dejar pasar el comentario del actual Ministro de Justicia utilizando los mismos argumentos de las defensas de los acusados de corrupción (la persecución política, la guerra judicial, etc.) como... pic.twitter.com/ex08kssVJi

El texto antes mencionado hace alusión a una entrevista de Cúneo Libarona con LN+, en el que afirma que la UIF y la OA fueron utilizados "para perseguir opositores". "La Oficina Anticorrupción tiene que controlar a los funcionarios y la UIF se debe insertar en todo el mundo para poder suministrar información de calidad a los jueces para luchar contra el narcotráfico, trata... lo que establece la ley", añade.

Laura Alonso, en tanto, dijo que "no hubo una guerra en los tribunales", que "hay investigaciones y causas de corrupción que fueron y todavía deben ir a juicio" y que "para ser libres, hay que vivir en a verdad y una parte de la tarea de la Justicia es restaurarla".

El exdiputado y ahora Parlamentario del Mercosur Álvaro de Lamadrid, uno de los más participativos en cuestiones judiciales del PRO, dijo denunciar judicialmente al ministro de Justicia por negarse a "querellar a la casta corrupta", acusándolo al ministro de comprar "la teoría del lawfare invocada por CFK" y que "la orden fue no mirar atrás, 'pacificar' y no perseguir a nadie ni buscar delitos".

El tuit de Álvaro de Lamadrid. (Captura)

Afirmaciones similares hicieron los referentes de la Coalición Cívica ARI Hernán Reyes y Paula Oliveto, entre otros.

Quiénes están a cargo de la OA y la UIF

Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona ya designaron vía Boletín Oficial a los dos titulares de cada uno de esos organismos.

Para la Oficina Anticorrupción se eligió al abogado Alejandro Melik, una figura muy cercana al ministro de Justicia, dado que fueron socios en varias causas a cargo del estudio jurídico familiar de Cuneo Libarona, siendo uno de los defensores de Guillermo Coppola en la causa del "jarrón".

El titular de la cartera de Justicia se asegura la política de ese organismo al margen de las querellas a funcionarios públicos. Incluso, Melik reiteró ante el periodista Nicolás Pizzi que escuchó "los reclamos, pero no es el Poder Ejecutivo el que decide qué hacer con lo que se denuncia, sino el Judicial y específicamente el Ministerio Público Fiscal quien lleva adelante las acciones penales. Sería una intromisión en la facultad de otro poder".

Por el otro lado, para la Unidad de Información Financiera fueron elegidos Ignacio Yacobucci y Manuel Facundo Tessio para los cargos de presidente y vice, respectivamente. El primero es actual secretario de la Cámara en Casación Penal de Comodoro Py, mientras que su segundo era socio en el estudio Laporta Abogados, especializándose en cuestiones de lavados de activos y delitos tributarios.

Ambos funcionarios están a la expectativa de la iniciativa de blanqueo para bienes e ingresos no declarados que propuso la actual gestión nacional en la ley ómnibus, que espera aprobación en el Congreso y no tiene aplicación inmediata.

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