Judiciales > A casi dos años
Sin pruebas suficientes, se cerró la causa contra Bazán por amenazas de bomba
La Fiscalía concluyó que no pudo acreditar la autoría de las llamadas al 911 de amenazas de bomba por parte de Eduardo Bazán.
La Justicia de San Juan resolvió el sobreseimiento de Eduardo Bazán, quien había sido imputado por las amenazas de bomba registradas en marzo de 2024 y que afectaron dependencias públicas del Gran San Juan. La medida fue solicitada por la Fiscalía tras más de un año de investigación, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para sostener la acusación y avanzar a juicio.
La fiscal coordinadora Daniela Pringles explicó a DIARIO HUARPE que el caso demandó una extensa tarea de análisis, pero que los resultados no permitieron alcanzar el grado de certeza requerido. “Se trató de una investigación que se extendió por más de un año y, pese al trabajo realizado, no se logró la convicción necesaria para formular una acusación y llevar el caso a debate oral”, indicó.
Según detalló, la pesquisa se centró en tres llamados realizados al 911 que alertaban sobre la presencia de explosivos. “Si bien existían indicios de que el número telefónico utilizado estaba vinculado al imputado, las actuaciones no permitieron establecer que la línea hubiera sido registrada efectivamente por él”, sostuvo la funcionaria judicial.
La fiscal también señaló que no fue posible incorporar elementos técnicos clave. “El aparato telefónico no fue secuestrado y el chip tampoco, lo que limitó la posibilidad de realizar pericias directas que permitieran confirmar la autoría de las comunicaciones”, explicó.
En relación con el análisis de geolocalización, los resultados no fueron concluyentes respecto de la participación del imputado. “Las tres llamadas se originaron en las inmediaciones de Tribunales, pero el investigado se encontraba trabajando en la zona de Concepción al momento de los hechos”, precisó Pringles. Además, agregó que una denuncia paralela por amenazas desde el mismo número tampoco coincidía con su ubicación.
Ante ese escenario probatorio, el Ministerio Público Fiscal consideró que correspondía el cierre del proceso. “Si bien el hombre estuvo investigado y detenido, los elementos reunidos no alcanzaban para sostener la acusación. El Código Procesal nos obliga a solicitar el sobreseimiento cuando no se cuenta con evidencia suficiente”, concluyó la fiscal.
La resolución fue presentada ante el juez interviniente, quien deberá formalizar el cierre de la causa, poniendo fin a la investigación por los delitos de intimidación pública y coacción que habían sido atribuidos al acusado. Con esta decisión, el expediente queda archivado por falta de pruebas concluyentes sobre la autoría de las llamadas.