Sobreseyeron al juez Roberto Montilla tras un año de investigación por presunto abuso de funciones

A más de un año de un episodio que generó conmoción en el ámbito judicial, el juez Roberto Montilla fue sobreseído definitivamente en la causa que lo investigaba por presunta usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión fue adoptada el 27 de abril de 2026 por el juez de Garantías, Leonardo Pablo León, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía tras concluir que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal.

El hecho que dio origen a la investigación se remonta al 5 de abril de 2025, cuando un hombre identificado como José Benito Martín fue detenido por una presunta estafa y alojado en la Comisaría 4ª. En ese contexto, el magistrado se comunicó con la dependencia policial, manifestó conocer al detenido y sugirió que fuera trasladado a un hogar de residencia para adultos mayores, comprometiéndose incluso, según la denuncia posterior, a gestionar esa posibilidad. Dos días después, el 7 de abril de 2025, la entonces fiscal de Flagrancia, María Paula Carena, presentó la denuncia que derivó en la apertura de la causa, la cual fue derivada a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Durante la audiencia en la que se resolvió el sobreseimiento —a la que Montilla no asistió—, el fiscal Iván Grassi sostuvo que el hecho investigado no encuadraba en ninguna figura penal. El representante del Ministerio Público explicó que la intervención del juez se limitó a una sugerencia y no constituyó una orden formal ni una injerencia indebida en funciones ajenas. En la misma línea, la ayudante fiscal Victoria Martín afirmó que no se advertían actos propios de la investidura de un juez en el accionar de Montilla, y agregó que tampoco existió intromisión en competencias ajenas ni emisión de resoluciones contrarias a derecho.

A pesar del sobreseimiento penal, el fiscal Grassi calificó el comportamiento del magistrado como extraño e inusual y solicitó que se remita copia del dictamen a la sala de superintendencia de la Corte de Justicia. Esta petición tiene por objeto evaluar el accionar de Montilla desde el punto de vista administrativo o disciplinario, lo que implica que, aunque la vía penal se ha cerrado definitivamente, el episodio podría aún tener derivaciones en el ámbito institucional. El planteo fue objetado por el defensor oficial Alejandro Martín García, aunque finalmente quedó establecido que se trató de una solicitud del Ministerio Público y no de una disposición del juez que resolvió la causa. De este modo, la Justicia cerró el expediente penal contra Montilla, aunque su conducta sigue bajo la mira de los organismos de control del Poder Judicial.