Política
Trump promete anular la ciudadanía por nacimiento: ¿qué consecuencias traerá?
En una entrevista con NBC, Donald Trump insistió en su plan de eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho que protege a quienes nacen en el país. Sin embargo, su afirmación de que EE. UU. es el único que aplica esta norma es incorrecta. Cerrar Guardar
POR REDACCIÓN
Durante una reciente charla con Kristen Welker de NBC, Donald Trump reafirmó su intención de acabar con la ciudadanía otorgada por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Este derecho, conocido en términos jurídicos como jus soli, está establecido en la 14ª Enmienda de la Constitución, que otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar la nacionalidad de sus padres.
El texto de la enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. A diferencia del jus sanguinis, que concede la nacionalidad basada en la ciudadanía de los padres, el jus soli garantiza la ciudadanía a los nacidos en el país.
En la entrevista del domingo, Trump argumentó que Estados Unidos es “el único país que lo tiene”, refiriéndose a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento. Medios como CNN han desmentido esta idea desde que el ex presidente la expresó por primera vez durante su campaña en 2015, así como en su primer mandato en 2018. En realidad, aproximadamente treinta países, incluidos México y Canadá, también otorgan ciudadanía automática a los nacidos en sus territorios.
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Además, es importante aclarar que ningún presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para alterar por decreto un derecho constitucional. Para su modificación, es necesario un proceso de reforma constitucional, que es considerablemente complicado, como explica Óscar Chacón en un análisis para CNN. Según el artículo V de la Constitución, una enmienda requiere el apoyo de dos tercios de ambas cámaras o puede ser propuesta por una Convención Constitucional, que también necesita la aprobación de dos tercios de las legislaturas estatales.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, subrayó las dificultades que conlleva este proceso, indicando que “honesta y legalmente es algo sumamente difícil de hacer; casi imposible (…) porque tiene que hacer cambios legales realmente difíciles, sino imposibles”.
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