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Una iglesia mormona en San Juan suma un perjuicio de $300 millones a sus fieles
Con al menos 37 denuncias formales, la Justicia avanza en una investigación que podría ampliarse en los próximos días con más hechos y damnificados.
POR REDACCIÓN
La causa judicial que investiga una presunta estafa millonaria en San Juan sigue sumando denuncias y complicando la situación de sus principales acusados. Según fuentes allegadas al expediente, el perjuicio económico ya alcanzaría los 300 millones de pesos, una cifra que creció considerablemente en los últimos días a partir de nuevas presentaciones de damnificados.
Los imputados, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampos, permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra. Ambos están señalados como responsables de haber montado un esquema de defraudación continuada que habría afectado principalmente a miembros de una comunidad religiosa.
La causa está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien durante la audiencia de formalización describió una operatoria que aparentaba solidez pero que carecía de respaldo legal y financiero.
Un esquema con promesas de ganancias extraordinarias
De acuerdo a la investigación, Ontiveros y Ocampos operaban a través de supuestas firmas denominadas “Green House” y “Green House Fintech”, con las que ofrecían inversiones de alta rentabilidad. Prometían retornos que iban del 4% al 6% semanal, llegando en algunos casos hasta el 20% mensual.
Para generar confianza, los acusados habrían instalado locales físicos en zonas de Santa Lucía y Capital. Sin embargo, las pesquisas determinaron que estas empresas no contaban con CUIT ni registros impositivos, y que las operaciones se realizaban a título personal.
Uno de los aspectos más delicados del caso es que gran parte de los damnificados pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según la fiscalía, los acusados aprovechaban los vínculos dentro de ese ámbito para captar inversores, incluso incentivando la incorporación de nuevos aportantes mediante promesas de duplicar el dinero.
Bienes, dinero y un sistema sin respaldo
La maniobra no solo involucraba transferencias de dinero en pesos y dólares, sino también la entrega de bienes. Entre los elementos aportados por las víctimas figuran vehículos como un Citroën Picasso, un Ford Explorer y una motocicleta Yamaha FZ.
Los supuestos rendimientos eran informados a través de planillas de Excel sin firma ni validación legal, mientras que las inversiones —según sostenían los acusados— se realizaban en empresas mineras de San Juan y en firmas del exterior, sin que exista documentación que lo respalde.
El esquema comenzó a evidenciar fisuras en septiembre de 2025, cuando se registraron demoras en los pagos prometidos. Frente a los reclamos, los imputados ofrecían planes de devolución sin sustento o intentaban saldar deudas con vehículos en mal estado, e incluso reutilizando bienes entregados por otros inversores.
Más denuncias y un escenario judicial agravado
Hasta el momento se contabilizan al menos 37 denuncias formales, que inicialmente sumaban unos 138 millones de pesos. Con la incorporación de nuevas víctimas, el monto estimado del fraude prácticamente se duplicó, lo que agrava el cuadro judicial de los acusados.
En este contexto, se espera que en los próximos días se realice una nueva audiencia para ampliar el objeto de la investigación y sumar más hechos a la imputación. La causa se consolida así como una de las más resonantes en materia de estafas en la provincia en los últimos meses.