Judiciales > Caso Vanetti
Al borde del juicio, los tres efectivos y una comerciante acusados de quedarse ilegalmente con fondos de la Policía
La Fiscalía pretende que los policías reciban penas de prisión efectiva. Los defensores particulares intentaron arribar a medidas alternativas, pero la jueza se las denegó.
Por Germán González
El escándalo por el desvío millonario de fondos de la Tesorería de la Policía de San Juan está por concluir su segundo capítulo. La Fiscalía Delitos Especiales (UFI Nº 4) pidió que los tres efectivos y una comerciante, los nuevos imputados que surgieron después de una auditoria de la Fiscalía de Estado, sean llevados a juicio tras la conclusión de la investigación. Los abogados defensores quisieron acordar medidas alternativas como la suspensión de juicio a prueba, pero fueron rechazados. En mayo del año pasado, el caso tuvo sus primeros condenados, entre ellos, el principal Oscar Vanetti, que era el tesorero de la Policía y enviaba dinero al resto de los involucrados a través de transferencias bancarias no autorizadas.
Los policías que se presentaron este jueves en una audiencia denominada control de acusación fueron el sargento Roberto Carlos Gaitán, la principal María Cecilia Cortez, la cabo Evangelina Marcela Porra. Todos trabajaban en la parte administrativa de la Tesorería, que conducía Vanetti, pero no hubo sospechas sobre ellos sino hasta una segunda investigación del hecho de las operaciones irregulares detectadas en una de las unidades de la Central de Policía. El fiscal del caso, Iván Grassi, solicitó a la jueza Gema Guerrero que los imputados sean llevados a juicio por el delito de peculado (desvío de fondos públicos que debían administrar) en calidad de partícipes principales. Y adelantó que pretende que los tres implicados reciban penas de tres años de prisión efectiva.
Por otra parte, el fiscal de la UFI Nº 4 solicitó que también vaya a juicio Romina Ayelén Tejada, una comerciante que mantenía negocios con la Policía de San Juan (era proveedora de filtros de agua) y a su vez, resultaba ser la hermana de la cabo primero Carolina Tejada, la efectivo condenada junto con Vanetti y la esposa de este, el 26 de mayo de 2021, tras un proceso de juicio abreviado. Romina Tejada no correría la misma suerte que los efectivos, pues para ella, la unidad del Ministerio Público Fiscal espera una pena de tres años, pero de ejecución condicional.
Los abogados particulares Gustavo Sánchez, por Gaitán; Glenda Alcayaga por Porra; María Vanesa De Dax Sanso por Tejada y Leonardo Villalba por Cortez trataron de evitar que el proceso encare por el rumbo del juicio e hicieron planteos para lograr una mediación en la que los implicados se comprometían a devolver el dinero recibido y evitar así la prisión o antecedentes penales. También buscaron la suspensión de juicio a prueba, pero no tuvieron suerte.
Sin embargo, el fiscal Grassi fue tajante con esto. La ley no lo permite o no da margen para que haya una forma alternativa al juicio o al abreviado cuando los acusados son funcionarios públicos o los fondos en cuestión son del Estado.
La acusación
El escándalo en la Policía de San Juan se desató en abril del año pasado, cuando un personal del área contable vio que no cerraba una transferencia realizada por aquel entonces jefe de Tesorería, Oscar Vanetti. El principal pidió la autorización de una transferencia para efectuar un pago, que ya se había hecho. Tras el descubrimiento, el jefe de Policía, Luis Martínez, hizo la denuncia en Fiscalía Delitos Especiales.
La primera investigación de la UFI determinó que Vanetti logró desviar un millón de pesos aproximadamente a través de transferencias bancarias autorizadas, pero que sufrían a último momento un cambio en su destinatario. El dinero sacado de manera irregular iba a parar a la cuenta particular del extesorero, a la de su esposa, la policía María Ivana Olivares o a la de su secretaria, la cabo Carolina Tejada. Todos fueron condenados mediante un procedimiento de juicio abreviado, aunque el único que terminó en la cárcel fue el exjefe de tesorería de la Policía.
Tras la resolución, Fiscalía de Estado, que se encarga de custodiar los fondos públicos o representar a los intereses del Estado, realizó una auditoría para saber cuánto era en total el dinero robado de la Policía de San Juan y así poder recuperarlos mediante embargos a los condenados. Pero en una nueva investigación concluyó que la cifra sustraída no fue un millón de pesos, sino que fue más abultada.
La teoría de las fiscalías sentenció que al sargento Roberto Gaitán, Vanetti le transfirió dinero al menos 10 veces y le otorgó una suma total de $397.031,63. La principal María Cecilia Cortez recibió por su parte 17 transferencias aproximadamente, con desvío de fondos por $743.711,11. A la cabo Evangelina Porra le transfirieron en dos ocasiones un total de $55.986,60, mientras que a la comerciante le otorgaron la suma irregular más alta de dinero en cinco tramos: $963.196,64.
La jueza Gema Guerrero resolvió tras escuchar a las partes no darle lugar a los planteos de los abogados y mandó a un cuarto intermedio la audiencia para la presentación de pruebas. En representación de Fiscalía de Estado estuvo el abogado Gabriel Sanz. Los policías, que quedaron a borde del juicio, se enfrentan además al riesgo de ser inhabilitados para siempre para ejercer un cargo público, en caso de ser condenados por un juez.