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Allanamiento en Obras Menores: firmas falsificadas y 11 expedientes en la mira
La Justicia investiga una denuncia por 11 expedientes con firmas falsificadas en una empresa. Se realizaron allanamientos en Obras Menores. Desde el Gobierno aclararon que sería un conflicto entre privados y que sucedió en la gestión pasada de Gobierno.
La investigación judicial, por parte de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto en San Juan, a cargo del juez Guillermo Adárvez, que derivó en un allanamiento en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores puso el foco en 11 expedientes administrativos que están siendo analizados por una presunta falsificación de firmas. Desde el Gobierno provincial aclararon que el proceso no involucra denuncias contra el Ministerio, sino que se trataría de un conflicto entre particulares.
El procedimiento se enmarca en una orden emitida por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, que designó a la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan como auxiliar de la Justicia. En ese acto, el juez interviniente autorizó el allanamiento de oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con especial énfasis en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y en los espacios donde se resguardan los expedientes originales, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contrataciones directas.
El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, explicó a DIARIO HUARPE que el requerimiento judicial se concentró puntualmente en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores. “Se refiere a unos expedientes correspondientes a la gestión anterior”, señaló el funcionario, al precisar que el período bajo análisis va desde 2019 hasta el 2023, etapa que coincide con la administración de Sergio Uñac.
Según detalló Álvarez, son 11 expedientes en total y todos corresponden a una sola empresa que tuvo distintas intervenciones durante ese período. El origen de la causa está vinculado a una denuncia interna. “Básicamente, es un conflicto entre particulares. Uno de los responsables técnicos de esta empresa habría denunciado una presunta falsificación de firmas”, explicó.
En ese contexto, la Justicia solicitó acceder a la documentación original para certificar la autenticidad de las firmas cuestionadas. De acuerdo al acto judicial, lo que se busca es verificar planillas y documentación técnica que permitan corroborar o descartar la existencia de irregularidades. “La Justicia nos requiere la documentación que avale y certifique lo que se está denunciando”, indicó Álvarez.
Los expedientes se encontraban resguardados en el archivo y depósito de Obras Menores, donde se conservan los originales. Desde allí fueron puestos a disposición del Poder Judicial. “En el archivo están los originales y la Justicia está investigando y certificando todo lo que las partes dicen”, señaló el subsecretario.
El funcionario subrayó que el Gobierno provincial colaboró desde el primer momento con el requerimiento judicial. “Hemos brindado todo el expediente y el material que nos han pedido. Nos hemos puesto a disposición de la Justicia para dar la mayor transparencia posible”, afirmó.
En ese sentido, Álvarez fue enfático al aclarar el alcance institucional de la causa. “No es nada respecto de la obra o de algo correspondiente al Ministerio, sino un problema con las firmas entre las partes dentro de la empresa”, sostuvo.
Consultado sobre la actividad de la firma involucrada, indicó que actualmente no mantiene vínculos contractuales con el Estado provincial. “Es una empresa que no está trabajando en este momento. La última obra que tuvo fue en el año 2022”, detalló. Hasta entonces, realizaba tareas habituales de mantenimiento y acondicionamiento en escuelas.
Finalmente, Álvarez no descartó que puedan surgir nuevos pedidos en el marco de la causa. “Las consultas siempre pueden aparecer. Los archivos están disponibles para lo que haga falta”, aseguró, al reiterar la disposición del Gobierno a colaborar con la investigación judicial en curso.
Qué dice el expediente judicial
La Justicia informó que, en el marco de la causa 91.099/22 por presuntos delitos contra la propiedad, designó a la Policía de San Juan como auxiliar judicial para llevar adelante un allanamiento en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La medida se concentra en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y apunta al secuestro de expedientes originales de contrataciones directas, en los que constarían firmas atribuidas a Roberto Enrique Aguirre en planillas de Cómputo y Presupuesto.