ver / Alertan por posibles problemas con pasajes por discapacidad

La eliminación de las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia encendió señales de alerta en todo el país. En San Juan, la directora de la Defensoría del Pueblo, Florencia Peñaloza, advirtió que, si bien el derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad continúa plenamente vigente, existe preocupación por posibles dificultades en la entrega de boletos y un eventual “vaciamiento” del sistema en la práctica.

La medida nacional fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 y dejó sin efecto el esquema de subsidios que desde 2018 recibían las empresas prestatarias. Sin embargo, Peñaloza remarcó que eso no modifica las obligaciones establecidas en la Ley Nacional 22.431, que garantiza el acceso gratuito al transporte de larga distancia para personas con discapacidad y sus acompañantes cuando corresponda.

“Lo que Nación eliminó mediante la Resolución 28/2026 fue el sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia desde 2018, pero eso no elimina ni modifica el derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad, que continúa plenamente vigente y protegido por la legislación nacional”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

La preocupación principal pasa ahora por el posible impacto operativo de la decisión. Algunas cámaras empresarias ya manifestaron públicamente que será complejo sostener el sistema sin asistencia económica estatal. Frente a ese escenario, la Defensoría teme que comiencen a aparecer restricciones indirectas para acceder a los boletos.

Menos cupos disponibles, demoras, mayores exigencias administrativas o negativas arbitrarias son algunos de los puntos que observan con preocupación. “Nuestra principal preocupación es que esta decisión termine generando un ‘vaciamiento’ del derecho en la práctica, mediante reducción de cupos, trabas burocráticas o negativas arbitrarias en la entrega de pasajes”, expresó Peñaloza.

En provincias del interior como San Juan, el beneficio resulta clave para muchas familias que deben viajar periódicamente a otras jurisdicciones por tratamientos médicos, derivaciones sanitarias, estudios o procesos de rehabilitación. Por eso, desde el organismo insistieron en que el transporte de larga distancia cumple una función social esencial.

“El espíritu de la normativa fue evitar que las barreras económicas impidan a las personas con discapacidad ejercer derechos básicos como la salud, la educación, la rehabilitación o la integración social”, afirmó.

Pedidos de informe y posibles acciones

Ante este escenario, Peñaloza confirmó que la Defensoría del Pueblo de San Juan trabaja junto a ADPRA y otras defensorías del país en pedidos de informe dirigidos a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El objetivo es conocer qué mecanismos concretos implementará el organismo nacional para garantizar que las empresas continúen cumpliendo con la entrega de pasajes gratuitos y qué controles aplicará ante posibles incumplimientos.

“También entendemos que aquí la CNRT tiene un rol central e indelegable como organismo de control y fiscalización del sistema”, señaló.

Además, desde la institución adelantaron que evalúan medidas administrativas y judiciales para evitar que el ajuste económico termine afectando a personas con discapacidad y sus familias.

Por el momento, aclararon que todavía no recibieron reclamos formales en San Juan vinculados a negativas de pasajes. Sin embargo, reconocieron que siguen de cerca la situación ante la posibilidad de que comiencen a aparecer conflictos en las próximas semanas.