AMIA: a 30 años del atentado sigue más vigente que nunca el pedido de justicia

El 17 de marzo de 1992, una bomba estalló en la sede de la Embajada de Israel destruyendo el edificio que ocupaba también el consulado de aquel país en calle Arroyo al 910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fueron 22 los muertos y 242 personas sufrieron heridas. La investigación estuvo a cargo de la Corte de Justicia de la Nación y nunca fue elevada a juicio.

Dos años después, el 18 de julio de 1994 a las 9.53 horas, un coche bomba conducido por el suicida libanés Ibrahim Hussein Berro explotó en calle Pasteur 633, en pleno barrio porteño de Once, donde funcionaba la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la sociedad judía en el país. El atentado, el peor ocurrido en suelo argentino en su historia y el segundo mayor del continente americano sólo superado por el ataque perpetrado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos en septiembre de 2001, dejó el lamentable saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

Tras ambos casos el miedo dominó a la Argentina, la mostró vulnerable ante el terrorismo internacional. Estos actos de odio hacia la comunidad judía y contra la vida humana toda aún siguen impunes. Tres décadas transcurrieron desde aquel momento y todavía hoy no existen condenados por las responsabilidades materiales e intelectuales de estos sucesos extremistas y antisemitas, pese a una extensa investigación judicial que mantuvo incluso imputado bajo la figura de encubrimiento a Carlos Saúl Menem, presidente de la república durante los dos hechos criminales.

Pero en el marco de la investigación, en noviembre de 2006, el juez Canicoba Corral calificó el atentado a la AMIA como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible. Recién en abril de este año la Cámara Federal de Casación Penal argentina dictaminó que ambos ataques fueron ordenados por el gobierno de Irán y ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

El expediente principal y los encubrimientos

Disipado el polvo que flotó en el aire tras la caída de lo que fue el edificio de la AMIA, inhumados los cuerpos de los muertos que se recuperaron de entre los escombros y apaciguado al menos en parte el terror de los primeros instantes posteriores al atentado, familiares de las víctimas comenzaron a pedir por el juzgamiento de los responsables, voces aquellas que siguen con el mismo tono de firmeza hasta el día de hoy. A la vez, la Justicia argentina comenzó con la investigación.

El entonces juez federal Juan José Galeano quedó a cargo de la investigación y el caso tuvo un primer detenido pocos días después. Se trató de Carlos Telleldín, quien se dedicaba a la compra-venta de autos robados a los que les otorgaba la documentación de otros siniestrados. Entre los escombros se encontró el motor de una Renault Trafic a su nombre, vehículo que se usó para la voladura de la AMIA.

Telleldín estuvo 10 años preso en la cárcel de Devoto, donde estudió y se recibió de abogado. Durante la investigación declaró que antes del atentado le había entregado la Trafic a un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense: Juan José Rabelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastacio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro. Todos estuvieron encarcelados ocho años y tres meses acusados de ser “la conexión local del atentado”, según el juez Galeano.

Sin embargo, mientras el Tribunal Oral Federal N° 3 realizaba el juicio oral contra Telleldín y los policías se descubrió que el reducidor de autos había acusado falsamente a los oficiales. En contraparte, cobró 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el aval de Galeano. A raíz de esto es que el tribunal declaró la nulidad de la investigación y ordenó que se indagaran esas irregularidades.

Galeano fue apartado de la causa y en agosto de 2005 fue destituido del cargo de juez por mal desempeño de sus funciones en un juicio político que realizó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. En abril de este año el exmagistrado fue condenado a cuatro años de prisión por orden de la Cámara Federal de Casación Penal por los delitos de peculado, en calidad de partícipe necesario, en concurso real con prevaricato y privación ilegal de la libertad agravada. Si la sentencia queda firme, aunque le queda la última instancia de apelación a la Corte de Justicia, el exjuez terminaría preso.

La causa pasó al Juzgado Federal N° 6, por entonces a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, y fue delegada en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), a cargo de Alberto Nisman, que en 2006 responsabilizó del atentado a miembros del gobierno iraní y la organización Hezbollah. Ese año, Canicoba Corral emitió una orden de captura internacional sobre siete iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado: el ex agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; el ex ministro de Información y Seguridad iraní, Alí Fallahijan; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el tercer secretario de la Embajada iraní en la Argentina, Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi. Sobre todos ellos pesa la “circular roja” de Interpol dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega. Además del ex embajador en la Argentina Hadi Soleimanpour; y Alí Akbar Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores, quienes no tienen notificación roja.

Mientras que desde 2009 está vigente el pedido de captura internacional y la circular roja de Interpol sobre el colombiano Samuel Salman El Reda. Y desde junio de 2023 rige la orden de captura sobre los libaneses Hussein Mounir Mouzannar; Farouk Abdul Hay Omairi; y Abdallah Salman.

Memorándum con Irán

En el año 2013 la entonces presidenta Cristina Fernández decidió firmar un memorándum con Irán ante la imposibilidad de que los acusados sean extraditados por aquel país hacia la Argentina. El objetivo era establecer una comisión de juristas de ambos países para que el juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman viajaran a Irán e indagar allí a los acusados. Si bien el Congreso de la Nación aprobó el memorándum, este nunca entró en vigencia porque Irán no lo ratificó y porque la Justicia argentina lo declaró inconstitucional porque tomaba facultades propias del Poder Judicial.

Dos años después, Nisman denunció a Cristina Fernández y a otros funcionarios de su gobierno por traición a la patria en la firma del memorándum. Con pruebas en escuchas telefónicas, el fiscal entendió que la expresidenta buscaba encubrir a los acusados. La denuncia fue rechazada pero luego reabierta y Fernández procesada y enviada a juicio oral. Sin hacer el juicio, el Tribunal Oral Federal N° 8 sobreseyó en octubre de 2021 a los acusados porque no hubo delito, ya que las alertas rojas de Interpol nunca estuvieron en riesgo y, por lo tanto, no hubo encubrimiento. La Cámara de Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio oral, lo que fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 18 de enero de 2015, días después de presentar su denuncia contra la expresidenta y un día antes de ir al Congreso a explicar sus argumentos, Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Israelita de La Tablada, a metros de las tumbas de las víctimas del atentado a la AMIA. En torno a su muerte persisten las dudas sobre si se trató de un suicidio o fue víctima de un crimen, por esto último hay un expediente abierto, pero aún no se da con el posible homicida.

Las únicas condenas

A 30 años del atentado a la AMIA los únicos condenados están bajo esa condición en la causa por el primer encubrimiento. Al mencionado caso de exjuez Galeano se suman el secretario de Inteligencia durante la presidencia de Menem, Hugo Anzorreguy (4 años y 6 meses), Carlos Telleldín (3 años y 6 meses), el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar (3 años), el ex comisario Carlos Castañeda (3 años), la ex pareja de Telleldín, Ana María Boragni (2 años), y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (ambos dos años). En la misma causa el expresidente Carlos Menem fue absuelto en febrero de 2019.

Juicio en ausencia

Los acusados iraníes en el expediente principal de la AMIA fueron citados a indagatoria hace más de 15 años, pero nunca se presentaron ante la Justicia argentina, por eso no se los pudo procesar y mucho menos elevar a juicio.

El Gobierno de Javier Milei envió esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Federal e introducir la modalidad de juicio en ausencia. Este criterio de juzgamiento será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. De esta forma, el Gobierno busca juzgar a los libaneses e iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA y quizás así llevarles un poco de paz a los familiares de las 85 víctimas.

Dato

El diario Teherán Times, vocero del régimen iraní, publicó una editorial contra el Gobierno argentino en donde declaró que “en el momento adecuado, haremos que (Javier Milei) se arrepienta de su enemistad”. Luego de esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “el presidente no se va a retractar y nosotros no hablamos con grupos terroristas”.