Avanza causa contra Glencore por presunto daño ambiental en Catamarca

El proyecto MARA, en Catamarca, quedó en el centro de una causa penal que sacude al sector minero argentino. La jueza federal María Servini investiga si empresas mineras y funcionarios públicos avanzaron con tareas de exploración en áreas protegidas, pese a contar con informes técnicos que advertían sobre su prohibición.

Según reveló EconomíaSustentable.com, las firmas Agua Rica y Alumbrera —operadas por la suiza Glencore— fueron imputadas junto a directivos y auditores estatales. La acusación se basa en presuntas violaciones a la Ley General del Ambiente (25.675) y a la Ley de Glaciares (26.639), dos normas clave para la protección de ecosistemas sensibles.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py y busca determinar si hubo negligencia o una conducta deliberada al ignorar estudios científicos oficiales.

Zona prohibida: los informes que habrían sido ignorados

Uno de los ejes centrales de la investigación es la posible omisión de información técnica que identificaba áreas protegidas dentro del proyecto. La abogada Mariana Katz, representante de vecinos de Andalgalá, explicó que en 2018 organismos estatales detectaron la presencia de al menos 26 cuerpos de hielo en la zona.

Estos ambientes periglaciares —caracterizados por procesos de congelamiento y descongelamiento— cumplen un rol fundamental como reservas estratégicas de agua. La legislación vigente prohíbe expresamente cualquier actividad que pueda afectarlos.

“¿Por qué omitir analizar documentación propia si no es de manera intencionada?”, planteó Katz, sugiriendo que la conducta de los funcionarios podría encuadrarse en incumplimiento de deberes.

Qué es MARA y por qué genera controversia

El proyecto MARA se puso en marcha en 2019 y propone integrar el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Minera Alumbrera. Este último emprendimiento, activo desde 1997, marcó un hito al convertirse en la primera explotación minera a cielo abierto del país.

Aunque Alumbrera inició su etapa de cierre en 2017, su infraestructura continúa siendo clave para el nuevo esquema productivo. La iniciativa apunta a procesar minerales extraídos en Agua Rica —ubicado en la Sierra de Aconquija— utilizando instalaciones ya existentes.

Según datos de la empresa, el proyecto concentra reservas estimadas en 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro, posicionándose entre los más importantes del país.

Sin embargo, para amplios sectores de la comunidad de Andalgalá, MARA representa la continuidad de un modelo extractivo cuestionado por sus impactos acumulativos.

De la denuncia vecinal a la imputación de las empresas

La causa se originó en 2019 tras una denuncia presentada por vecinos de Andalgalá, representados por Katz. En un primer momento, el foco estuvo puesto en funcionarios y organismos estatales, incluyendo directivos de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, auditores de la SIGEN y autoridades de la Secretaría de Minería.

En 2023, la Justicia había dispuesto el cierre del expediente con el sobreseimiento de los imputados. No obstante, en agosto de 2024 la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir la causa al considerar que las pruebas no eran concluyentes.

El giro más relevante ocurrió el 22 de abril pasado, cuando la jueza Servini resolvió ampliar la imputación a las propias empresas mineras. La decisión se basó en un pedido del fiscal Guillermo Marijuán, quien invocó la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de corrupción.

Tres décadas de conflicto en Andalgalá

La imputación fue recibida con expectativa en Andalgalá, una ciudad atravesada por más de 30 años de conflictos vinculados a la actividad minera. Desde la Asamblea El Algarrobo, vecinos sostienen que los impactos ambientales y sanitarios han sido persistentes.

“Llevamos años reclamando en las calles y en los juzgados por las violaciones de derechos humanos que sufrimos desde la llegada de la minería”, expresó un integrante del colectivo.

Entre las denuncias, mencionan el aumento de enfermedades como cáncer y esclerosis múltiple, la presencia de polvos contaminantes y alteraciones en la calidad del agua. “Antes era pura, ahora viene turbia”, afirmó.

Desde la empresa, en tanto, sostienen que la reutilización de infraestructura permitiría reducir la huella ambiental y aseguran implementar mecanismos de monitoreo comunitario. Sin embargo, los vecinos consideran que estas instancias son insuficientes y no contemplan los impactos acumulativos.

Un conflicto que podría escalar a nivel internacional

Ante la falta de respuestas definitivas, las organizaciones sociales no descartan avanzar en instancias internacionales. De hecho, el año pasado el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, la causa judicial avanza con un nuevo escenario: por primera vez, no solo los funcionarios sino también las empresas mineras enfrentan imputaciones penales. El desarrollo del expediente podría sentar un precedente clave sobre la responsabilidad corporativa en materia ambiental en Argentina.