Viernes 13 de Marzo
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Judiciales > Reparación a víctimas

Caso Branka Motors: proponen pagar $540 millones y la mayoría de los damnificados aceptó

La propuesta contempla la devolución total del dinero denunciado como perjuicio económico y fue aceptada por la amplia mayoría de los 357 damnificados del caso.

Hace 2 horas
Más de 350 víctimas aceptarían un acuerdo para recuperar el dinero en el caso Branka Motors . FOTO: Gentileza

La investigación por presuntas estafas vinculadas al comercio Branka Motors avanzó hacia una instancia clave luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara una propuesta de reparación integral que fue aceptada por la amplia mayoría de los denunciantes. El acuerdo contempla la devolución de 540 millones de pesos a las personas afectadas.

El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, informó que la propuesta fue presentada por la defensa de los imputados y luego comunicada a cada uno de los damnificados para que expresaran su conformidad o desacuerdo.

Según detalló la fiscalía, el monto total de la reparación asciende a 540 millones de pesos, compuesto por 509 millones correspondientes al perjuicio económico estimado y 31 millones en concepto de intereses.

Más de 350 denunciantes involucrados

La propuesta está dirigida a 357 personas que denunciaron haber sido perjudicadas por la operatoria del local comercial. Inicialmente, 347 denunciantes aceptaron el acuerdo, y durante el transcurso de la semana se sumaron nueve más, lo que refleja un amplio nivel de adhesión a la iniciativa.

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El esquema de pago prevé un plazo de 120 días, dividido en cinco cuotas. El primer pago se realizaría a los 15 días de la eventual homologación judicial, y luego seguirían desembolsos a los 30, 60, 90 y 120 días.

Garantías para asegurar el cumplimiento

La oferta contempla la restitución completa del dinero denunciado como perjuicio económico y se encuentra respaldada por garantías sobre bienes muebles e inmuebles aportados por los imputados y terceros, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del acuerdo.

En caso de incumplimiento, esos bienes podrán ser ejecutados por los damnificados. Desde la fiscalía aclararon además que esta reparación se circunscribe exclusivamente al ámbito penal, sin impedir que los afectados puedan iniciar o continuar acciones civiles si así lo desean.

Investigación en tiempo récord

Para llegar a esta instancia, el equipo fiscal realizó un amplio trabajo de investigación financiera y patrimonial. Se analizaron informes provenientes de centenares de entidades crediticias para reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad del dinero involucrado en las operaciones denunciadas.

Además, se llevaron adelante 12 allanamientos, junto con otras medidas de investigación destinadas a reunir pruebas y establecer la estructura de la maniobra.

El Ministerio Público Fiscal destacó especialmente el trabajo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que en apenas 40 días desde la primera denuncia logró avanzar en la reconstrucción del caso y en la búsqueda de una solución que permita reparar el daño económico sufrido por las víctimas.

El equipo estuvo integrado por el fiscal Guillermo Heredia junto a los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, y las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.

Un acuerdo que ahora deberá evaluar la Justicia

Desde la fiscalía señalaron que la propuesta busca dar una respuesta rápida al reclamo de los damnificados, priorizando la devolución del dinero denunciado como perjuicio.

Cabe recordar que previamente los acusados habían presentado dos ofertas reparatorias por montos menores, que no alcanzaban el total del daño estimado. Ante la falta de acuerdo en ese momento, la fiscalía avanzó con la formalización de la investigación penal y la detención de los imputados.

Ahora, la propuesta de reparación integral será analizada por la jueza de Garantías, quien deberá evaluar los términos del acuerdo y decidir si corresponde o no su homologación judicial. De aprobarse, se pondrá en marcha el esquema de pagos previsto para compensar económicamente a los denunciantes.

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