De funcionario judicial clave, a estar en peligro de ser echado del Estado

La denuncia por violencia de género no sólo expone al abogado Mario Parisí a ser castigado con prisión, sino que lo pone en peligro de ser hasta exonerado del Estado. El profesional es funcionario del Poder Judicial, se ganó la fama de ser uno de los más preparados en la rama Penal y ocupa tres cargos que son clave, pero todo eso podría irse por la borda. Hay legislación que establece que cuando un agente público comete un hecho como el que le endilgan, podría ser removido de su cargo.

Parisí está preso desde el domingo, tras haberse entregado en la Central de Policía luego de que le negaran la excarcelación. Su figura ganó notoriedad pública cuando su pareja lo denunció por darle una paliza. Fuentes vinculadas a la investigación revelaron que los informes médicos constataron que la mujer tiene distintas heridas y rastros de agresión en el cuerpo y hasta la fractura del coxis, por lo que lo acusan de lesiones graves por violencia de género.

El profesional es supervisor de Flagrancia, coordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces y responsable de la Unidad Conclusiva de Causas, tres cargos que son vitales en la estructura del Poder Judicial. En Tribunales dicen que llegó por mérito propio, después de una larga carrera judicial.

El delito que le enrostran contempla pena de prisión, aunque no de cumplimiento efectivo si el juez impone menos de tres años. Lo mismo, en ese caso, un condenado debe cuidarse de no cometer cualquier otro delito porque ahí sí quedaría tras las rejas.

Más allá de las consecuencias penales que surgirán tras la investigación judicial, hay otra que a cualquiera le quitaría el sueño: el trabajo. Pasa que si Parisí es condenado, estaría en serios problemas para sostenerse como funcionario judicial.

Fuentes calificadas aseguraron que al no haber un reglamento especial para los empleados judiciales, habría que aplicar subsidiariamente el Estatuto del Empleado Público. El mismo contempla que ninguna persona puede ser parte de la administración pública provincial si ha cometido un delito doloso (eso debe estar determinado por una sentencia judicial firme), es decir, con intención.

Así como es impedimento para ser agente estatal, explicaron las fuentes, el Estado está obligado a tomar medidas cuando uno de sus empleados comete un delito doloso. La medida consiste en abrir un sumario administrativo que con el peso de los hechos comprobados en sede judicial, podría terminar en cesantía o exoneración.

En la Corte de Justicia no quieren hacer ni una mueca, porque el día de mañana les podría tocar intervenir como último eslabón provincial del sistema Penal y/o como máxima autoridad administrativa del Poder Judicial. Esperan lo que determine la investigación de la Justicia Penal y cómo se resuelve la causa, para actuar después si Parisí llegara a ser condenado.

La causa que involucra al funcionario está en manos del juez Matías Parrón, quien ahora debe fijar fecha para la primera audiencia. Nasser Uzair, uno de los abogados de Parisí, ya adelantó que su cliente está ansioso por dar su versión de los hechos en ese encuentro con el magistrado y el fiscal.

Uzair aseguró que su defendido también tiene heridas en el cuerpo y dio a entender que la agresión fue mutua. Al tiempo que sostuvo que los hechos no han sido como lo indica la denuncia, manifestó “se ha podido comprobar judicialmente que hay veces que el victimario no es lo que se dice y en ese caso puede haber dos victimarios”.