Record histórico: más de 27 mil inscriptos para debatir la Ley de Glaciares

Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron convocar a audiencias públicas en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Esta acción derivó en el trámite de registro de más de 27 mil personas.

La inscripción, que se puede hacer tanto de manera personal como virtual, continuará hasta el próximo 20 de marzo. En tanto, las jornadas están previstas para el miércoles 25, de manera presencial, y el jueves 26, vía remota y presencial.

Ante la enorme cantidad de interesados en participar, la oposición solicitó este martes a Martín Menem, presidente de Diputados, y autoridades de las comisiones que se amplíen los días de audiencias.

Desde el oficialismo, por su parte, no confirman que vayan a extenderse los días, aunque dicen que buscarán “no ser restrictivos”. Pero lo cierto es que el volumen de inscriptos supera cualquier cronograma que se pueda pensar. Como ejemplo de ello, durante 2018 hubo audiencias en torno a la legalización del aborto: participaron aproximadamente 1.000 expositores entre ambas cámaras y duró meses.

Diputados de la oposición también habían reclamado a Menem “esconder” el registro de inscriptos. Finalmente, en la tarde de este miércoles se publicó el listado en la página web de Diputados.

Pese al ritmo exprés que tuvo la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza aplazó los tiempos en el caso de la reforma a la Ley de Glaciares, que tuvo media sanción a fines de febrero en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

La inquietud a una eventual judicialización por no cumplir con el paso de las audiencias públicas previsto tanto en la Ley de Ambiente (25.675), como en el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020, hicieron al oficialismo recular en la intención de llevar el proyecto al recinto prontamente.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de gobernadores de provincias cordilleranas, busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.