Dos años de prisión condicional a los padres que secuestraron a los cuatro hermanos

La Justicia provincial resolvió otorgar la libertad a los padres que habían sido detenidos por el secuestro de sus cuatro hijos menores en el departamento Santa Lucía, aunque con una condena de dos años de prisión condicional y severas restricciones. La sentencia incluyó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con los niños por el mismo plazo, en el marco de una causa que generó un fuerte impacto social y una rápida intervención de los organismos judiciales y policiales.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra José Antonio Ayala y Micaela Aballay Rodríguez, progenitores de los menores, bajo la supervisión de la jueza Ana Carolina Parra. En esa instancia, la Fiscalía imputó al hombre por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas por el uso de arma blanca, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. En el caso de la mujer, fue acusada por amenazas simples, además del resto de los cargos en un encuadre similar al de su pareja.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió condenarlos a dos años de prisión de cumplimiento condicional. Además, dispuso una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de los niños y de sus familiares directos, junto con la imposibilidad de mantener contacto alguno con los menores durante el mismo período. En este último punto, se dejó establecido que será el juez de Familia interviniente quien tendrá la última palabra en relación con las medidas de protección vigentes.

Los cuatro hermanos, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 8 años, se encontraban bajo la custodia legal de una tía materna, con domicilio en Villa Alba. Esa situación había sido dispuesta en marzo de 2025 mediante una medida de protección excepcional dictada por la Dirección de Niñez, que luego fue ratificada por el Tercer Juzgado de Familia en noviembre del año pasado. Desde entonces, los progenitores no contaban con autorización judicial para tener a los menores a su cargo.

La investigación penal se inició a partir de dos denuncias radicadas en la CAVIG. La primera fue presentada el 21 de enero por la tía de los niños, quien denunció amenazas y el ingreso forzado al domicilio donde se encontraban los menores bajo guarda judicial provisoria. La segunda denuncia fue radicada el 23 de enero, ampliando los hechos y aportando nuevos elementos a la causa.

El episodio más grave ocurrió el 21 de enero, cerca del mediodía. En ausencia momentánea de la guardadora, los menores quedaron al cuidado de su tío. En ese contexto, los padres se presentaron en la vivienda y exigieron llevarse a los niños. Tras un primer intercambio verbal, se retiraron del lugar, pero regresaron minutos después y forzaron el ingreso a la casa.

Según consta en la causa, el hombre habría amenazado con un cuchillo al adulto responsable para que entregara a los menores, mientras que la mujer intimidó a la pareja del denunciante con un objeto metálico. El episodio fue presenciado por al menos uno de los niños, quien manifestó su negativa a retirarse con sus padres. Pese a ello, los cuatro menores fueron sacados de la vivienda y trasladados del lugar.

Luego de un operativo de búsqueda, los niños fueron hallados y nuevamente separados de sus progenitores, quedando bajo resguardo de las autoridades competentes. La causa continuará con la intervención del fuero de Familia, que deberá definir las condiciones definitivas de cuidado y protección de los menores, mientras se supervisa el cumplimiento estricto de las medidas impuestas en el ámbito penal.

Foto: DIARIO HUARPE.

Fiscal: “Ingresaron sin autorización”

Según explicó el fiscal Ignacio Achem a DIARIO HUARPE: “Se aplicó el delito conforme al hecho ocurrido, ya que hubo una desobediencia a una orden judicial vigente y un ingreso sin autorización a una vivienda particular”. “Se trataba del domicilio de una tía materna que tenía la guarda judicial provisoria de los niños, otorgada por el juez de Familia, y que no se encontraba presente en ese momento”, precisó.

“En el lugar había otro familiar y, bajo amenazas, se produjo el retiro de los menores”, detalló el representante del Ministerio Público. “Si bien son sus hijos biológicos, ya existía una resolución judicial dictada en noviembre de 2025 que había suspendido la guarda a los padres y la había otorgado en forma provisoria a la tía”, agregó.

“El hecho motivó la activación inmediata del protocolo de búsqueda, porque entendimos que los niños podían estar bajo la posible comisión de un delito”, señaló Achem. “Más allá de que fueron restituidos al día siguiente, se trataba de una situación intrafamiliar que requería intervención urgente”, indicó.

Finalmente, el fiscal sostuvo que “se dio intervención a la Unidad Fiscal CAVIG, que aceptó actuar en la causa, y tras el resguardo de los niños se solicitó la detención de los padres”. “La situación derivó en un juicio abreviado con una condena de dos años de prisión condicional para ambos, con reglas de conducta, entre ellas el tratamiento por consumo problemático, mientras que la guarda de los menores permanece, por el momento, a cargo de la tía, quedando cualquier modificación en manos del Juzgado de Familia”, concluyó.