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El Colegio de Psicólogos repudiaron la disolución de la Andis
El Colegio de Psicólogos de San Juan cuestionó la decisión del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto en las políticas públicas y en el acceso a derechos de las personas con discapacidad.
POR REDACCIÓN
El Colegio de Psicólogos de San Juan rechazó la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y expresó su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre las políticas públicas y los derechos de las personas con discapacidad.
A través de un comunicado oficial, la entidad profesional manifestó su desacuerdo con el anuncio y sostuvo que “rechazamos el cierre de la Andis, una decisión que vulnera derechos, debilita las políticas públicas de discapacidad y afecta directamente a las personas que requieren del acompañamiento del Estado”.
En el mismo documento, remarcaron que la defensa de estos derechos no puede quedar sujeta a decisiones administrativas. “Defender la inclusión, la accesibilidad y la protección de derechos no puede ser una opción, sino una responsabilidad indelegable”, señalaron.
Frente a este escenario, el Colegio de Psicólogos de San Juan advirtió que la eliminación del organismo representa un retroceso en materia de derechos y llamó a sostener políticas públicas que garanticen la inclusión y el acceso efectivo a la asistencia estatal.
El anuncio nacional
El rechazo se conoció luego de que el Gobierno nacional anunciara la disolución de la Andis, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en el área de discapacidad. La medida fue confirmada este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
“La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, informó el funcionario. El organismo había sido creado en 2017 con el objetivo de coordinar las políticas públicas vinculadas a la discapacidad.
Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la decisión se tomó tras detectar irregularidades administrativas, exceso de estructuras burocráticas y situaciones incompatibles con una gestión transparente, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas.