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El detenido por la amenaza de bomba vendía sanguches en el Centro Cívico
El detenido por la amenaza de bomba en el Centro Cívico vendía sanguches en inmediaciones del lugar. Además, informaron que tiene varias condenas efectivas cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial.
Por Germán González
El sábado 15 de marzo de 2025, la UFI Genérica y la Unidad de Apoyo Investigativo detuvieron, en Rawson, a una pareja por la llamada de amenaza de bomba en el Centro Cívico, ocurrida a principio de este mes. Según informaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE, los acusados y arrestados por el hecho son Mariela Gómez y Emanuel Alonso "Pequi" Lucero Pereira. Este último, un reconocido delincuente y reincidente porque tiene una veintena de delitos en su prontuario, vendía sánguches en las inmediaciones del edificio de calle España y Avenida Libertador.
Gómez y Lucero fueron detenidos el sábado en la mañana, en su casa del barrio Malvinas Argentinas, en calles Tomás Godoy Cruz y Roque Sáenz Peña. Desde ese mismo lugar, salieron los llamados intimidatorios, desde una línea activa perteneciente a Gómez, según informó la empresa Movistar a la UFI Genérica, según explicaron fuentes de la investigación a este medio.
La fiscal Pringles se encontró sorprendida con que la amenaza de bomba haya salido de una línea activa, generalmente, cuando ocurren estos tipos de hecho lo hacen de un chip que es usado para ese momento, lo que hace difícil el rastreo de los teléfonos.
En la vivienda del barrio Malvinas Argentinas, los policías e investigadores del caso, bajo directivas de la fiscal Pringles y la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil, secuestraron tres teléfonos y varias tarjetas SIM.
Lucero acumula una veintena de delitos desde el año 2005 hasta el 2024, por hurto, robo simple, robo agravado, daño agravado, drogas, encubrimiento y coacción, con varias condenas efectivas cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial. Esto condice con lo expresado en el llamado, ya que el anónimo que llamaba al 911, además de hacer la intimidación, exigía “mejorar las condiciones para los presos en el Penal de Chimbas”.
Además, los peritos de la UFI Genérica y la Policía analizaron audiencias del Sistema Acusatorio en las que se encontraba como imputado Lucero y, al escucharlo hablar, se dieron cuenta de que su voz era muy parecida al del llamado anónimo.
Aún resta la pericia que confirmen que los teléfonos y las tarjetas SIM secuestradas fueron los usados para los llamados, pero de todos modos, la UFI ya cuenta con las pruebas suficientes para formalizar la imputación contra los detenidos por intimidación pública.
La pena por este tipo de delito puede ir de los dos a seis años de prisión, según el tenor o la gravedad del llamado con la amenaza. Pero teniendo en cuenta, la reincidencia de Lucero, probablemente este vaya a prisión por lo sucedido.