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El Gobierno de Milei vinculó la marcha universitaria a la oposición política
La administración de Javier Milei criticó la nueva movilización universitaria y aseguró que detrás de la protesta existen intereses opositores.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional salió a cuestionar la nueva marcha universitaria convocada para este lunes en distintos puntos del país y aseguró que la movilización “es claramente política”. Desde la Casa Rosada consideran que la protesta excede el reclamo presupuestario y responde a sectores opositores que buscan confrontar con la gestión de Javier Milei.
La principal voz oficial fue la de Sandra Pettovello, quien defendió las auditorías impulsadas sobre las universidades nacionales y aseguró que continuarán los controles sobre las casas de estudio. La ministra sostuvo que el Gobierno busca garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y remarcó que el sistema universitario debe rendir cuentas sobre el manejo del presupuesto estatal.
La movilización, impulsada por estudiantes, docentes, rectores y gremios universitarios, tuvo como eje central el reclamo por el financiamiento educativo y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración principal se realizó en Plaza de Mayo y estuvo acompañada por actos y marchas en distintas provincias del país.
Desde el oficialismo insisten en que parte del conflicto ya fue resuelto y aseguran que la discusión presupuestaria “está saldada”, aunque reconocen que continúan las tensiones vinculadas a salarios docentes, becas estudiantiles y partidas para hospitales universitarios. En paralelo, el Ejecutivo convocará a rectores de hospitales universitarios para rediseñar el esquema de distribución de fondos destinados al sector.
La protesta se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño. El Gobierno confirmó la aplicación del protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular y evitar cortes totales en los accesos a Plaza de Mayo.
Mientras tanto, el conflicto universitario continúa escalando en el plano político y judicial. La Corte Suprema deberá definir si interviene en la disputa por la aplicación de artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a salarios y actualización de becas.