El operario muerto en Los Azules no tenía puesto el cinturón de seguridad

La investigación por la muerte de un operario dentro del proyecto minero Los Azules sumó en los últimos días nuevas medidas y una línea de análisis central: determinar si la víctima circulaba sin el cinturón de seguridad colocado al momento del siniestro. Así lo confirmó el fiscal Iván Grassi, quien encabezó una comisión judicial y técnica en el departamento Calingasta para avanzar con pericias y reconstruir lo sucedido.

El funcionario explicó que el hecho ocurrió el pasado 3 de abril, cuando falleció un trabajador que manejaba una topadora. Desde entonces, la Unidad Fiscal lleva adelante una investigación previa destinada a establecer en qué circunstancias se produjo el accidente y si existieron fallas mecánicas, errores humanos o incumplimientos de protocolos de seguridad.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue que, según versiones iniciales recabadas en la causa, el operario no tendría colocado el cinturón de seguridad al momento del vuelco o incidente. “Se advirtió la ausencia del cinturón colocado sobre el trabajador. El elemento estaba en el asiento, pero no sujeto sobre él”, señaló Grassi a DIARIO HUARPE.

De acuerdo con esa reconstrucción preliminar, el hombre habría salido despedido de la máquina. Esa circunstancia es considerada relevante para determinar si el desenlace fatal pudo haberse evitado o si agravó las consecuencias del accidente. De todos modos, la Fiscalía remarcó que esa información todavía debe ser corroborada con evidencia técnica.

Pericias en la maquinaria

Para avanzar con la pesquisa, una comisión integrada por personal judicial, especialistas técnicos y representantes de las firmas vinculadas al equipo viajó hasta el yacimiento. También participó personal de Policía Minera.

Durante la inspección se relevaron condiciones del terreno, se tomaron testimonios pendientes y se extrajo de la topadora un dispositivo electrónico conocido como ECU. Ese sistema registra alarmas, fallas, eventos operativos y otros datos de funcionamiento que pueden resultar clave para reconstruir qué ocurrió en los segundos previos al accidente.

La expectativa de los investigadores es establecer si la máquina presentó algún desperfecto que haya influido en el hecho o si no existieron anomalías mecánicas.

Responsabilidades bajo análisis

Consultado sobre eventuales responsabilidades penales, Grassi fue cauto y sostuvo que aún es prematuro atribuir culpas. Indicó que primero deben analizarse manuales de uso, protocolos internos, mantenimiento del equipo y las condiciones generales de trabajo.

La causa se encuentra dentro del plazo legal de investigación preliminar, que contempla 90 días. Según explicó el fiscal, todavía no transcurrió el primer mes desde el inicio formal de las actuaciones y existe colaboración de las empresas involucradas.

Mientras se esperan los informes técnicos y periciales, la Justicia busca determinar con precisión si se trató de una falla humana, un problema mecánico o una combinación de factores en una tragedia que impactó de lleno en uno de los proyectos mineros más relevantes de San Juan.