Política
El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y elevó los montos por evasión
La Cámara alta sancionó la ley que actualiza el Régimen Penal Tributario, eleva los montos por evasión y deja para la reglamentación un ajuste sobre multas automáticas.
POR REDACCIÓN
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Senado sancionó durante la noche del viernes la ley de inocencia fiscal, una iniciativa que introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario y actualiza los umbrales de evasión, considerados desfasados por la inflación. El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y 26 en contra y no registró objeciones de peso en el recinto, aunque el Poder Ejecutivo se comprometió a revisar el esquema de multas automáticas en la reglamentación.
La norma eleva el monto de la evasión simple, que prevé penas de dos a seis años de prisión, de $1.500.000 a $100.000.000. En el caso de la evasión agravada, con penas de tres años y seis meses a nueve años de cárcel, el umbral pasa de $15.000.000 a $1.000.000.000. Para situaciones en las que se utilicen personas o estructuras interpuestas, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes, el monto evadido deberá superar los $200.000.000, frente a los $2.000.000 vigentes hasta ahora.
También se actualiza el tope para el uso total o parcial de facturas o documentación falsa, que se fija en $100.000.000, muy por encima de los $1.500.000 actuales. El objetivo central de la iniciativa es adecuar los parámetros penales a la realidad económica y, según se expuso en el debate, favorecer la normalización de capitales no declarados.
Uno de los puntos que concentró cuestionamientos fue el régimen de multas automáticas. La oposición advirtió que algunas sanciones tendrían incrementos superiores al 110.000%. Como ejemplo, se mencionó que una multa de $200 para personas físicas pasaría a $220.000, y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. Frente a ese escenario, el Ejecutivo aseguró que realizará ajustes en la reglamentación para evitar impactos negativos en pequeñas y medianas empresas.
Durante el debate, se sostuvo que la actualización del régimen busca corregir un sistema considerado anacrónico. Desde el oficialismo se remarcó que los montos vigentes respondían a un contexto económico superado y generaban asimetrías entre las declaraciones de los contribuyentes y las presunciones del organismo recaudador. También se recordó que intentos previos de tratamiento habían fracasado por falta de quórum.
Desde distintos bloques se expresaron posiciones encontradas. Hubo respaldos a la actualización de los umbrales y advertencias sobre posibles conflictos judiciales e impositivos. Algunos legisladores plantearon diferencias entre grandes contribuyentes y pequeños comercios, mientras que otros cuestionaron que correcciones sustantivas queden sujetas a la reglamentación.
El cierre del debate estuvo marcado por la defensa del enfoque de la ley, que, según se afirmó, apunta a reducir la presión penal sobre los contribuyentes y a modernizar un régimen cuya base normativa data de 1932 y que no se actualizaba desde 1998. Con la sanción, la implementación quedará ahora en manos del Ejecutivo, que deberá definir los alcances finales de las multas y los criterios operativos de la nueva normativa.