Política
Evalúan crear una oficina específica para agilizar los sumarios a estatales
La idea de la gestión uñaquista es que los procesos dejen de sustanciarse en cada organismo y que se concentren en una sola área. Buscan más celeridad y transparencia.
En el marco de un amplio plan para modernizar paulatinamente el Estado sanjuanino, en el Ejecutivo analizan modificar el sistema de sumarios administrativos contra los agentes públicos que cometen una anomalía. La idea más firme es crear una oficina que concentre todos los procesos y un cuerpo de abogados que se dedique exclusivamente a esa tarea, por lo que ya no sería propiedad de las reparticiones públicas. El objetivo final es bajar de manera importante los tiempos de resolución y garantizar la imparcialidad en el tratamiento de los casos.
El sumario es la herramienta que tiene el Estado para investigar las irregularidades que se pueden cometer en su administración, determinar quién o quiénes son los empleados públicos responsables y las eventuales sanciones a aplicar (desde un llamado de atención hasta la exoneración). Actualmente se inician entre 400 y 500 al año por diversas anomalías y el tiempo de resolución va desde los 2 hasta los 10 años, aunque hay algunos casos excepcionales que han llevado casi 15 años.
Las experiencias históricas muestran que el Estado tarda un tiempo excesivo en resolver los sumarios, aun cuando sea un riesgo mantener a un empleado infiel en su grilla. Para el agente que es inocente también es un dolor de cabeza, porque vive con la espada de Damocles sobre su cabeza. Sin contar, claro, los que nunca llegan a terminarse.
La reforma está bajo análisis en la Asesoría Letrada de Gobierno y será puesta a consideración del gobernador Sergio Uñac, el encargado de dar el visto bueno final. Consiste básicamente en que todos los sumarios dependan de una oficina específica y estén a cargo de abogados que se dediquen nada más que a eso. De esta forma, se dejarían de instruir en las reparticiones donde trabaja el empleado bajo investigación y ya no estarían en manos de los asesora letrados afectados de esas áreas, que además cumplen la función adicional de dictaminar sobre los miles de actos administrativos que se dictan por mes.
Al tratarse de una tarea específica, en la Asesoría Letrada apuestan a que el proceso se tramite de manera más rápida y reducir las posibilidades de errores que provoquen nulidades. Y creen que será una forma de eliminar posibles condicionantes que puedan sentir los abogados de cada organismo cuando tienen que sustanciar un sumario contra uno de sus compañeros.
En principio, el cambio no implicaría más personal ni mayor gasto salarial para el Estado. El plan es que, al desdoblarse el trabajo, los asesores letrados con firma autorizada sigan dedicándose a controlar la legalidad de los actos administrativos y los que no tiene firma autorizada, sean afectados a la nueva oficina y a los sumarios.
No es el único remedio contra las demoras. En el Ejecutivo ya tienen listo un proyecto que modifica la vieja Ley de Procedimiento Administrativo (la vigente data de los 70´) que, entre otras cosas, moderniza y hace más ágil los sumarios sin desatender el derecho de defensa de los potenciales sumariados.
En caso de prosperar el nuevo sistema, se aplicaría solamente en las reparticiones que dependen de la administración central y no en las empresas del Estado (OSSE y EPSE) y los organismos descentralizados (Tribunal de Cuentas, EPRE y Fiscalía de Estado), porque tienen su propio régimen. Tampoco entraría el área que se encarga de sustanciar los sumarios contra las fuerzas de seguridad.