Financiamiento universitario: Gobierno debe pagar $2,5 billones y prevé déficit

El Gobierno nacional se prepara para afrontar un costo estimado en $2,5 billones tras la confirmación judicial de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario que, según fuentes oficiales, podría impactar en el equilibrio fiscal y derivar en un retorno del déficit.

En la Casa Rosada admiten que cuentan con escaso margen ante la decisión judicial que ratificó la vigencia de la normativa y obliga al Ejecutivo a avanzar con las transferencias de fondos. El plazo para acatar el fallo vence este viernes por la mañana.

Aunque el oficialismo anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario, dentro del Gobierno consideran poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene la aplicación de la ley.

“Hoy en día no tenemos los fondos”, señalaron desde el entorno del Ejecutivo, en referencia al monto que implica cumplir con la normativa sancionada por el Congreso.

La ley establece la actualización de partidas destinadas a universidades nacionales, incluyendo recomposición salarial para docentes y no docentes, así como la actualización de programas de becas estudiantiles.

Desde el Gobierno indicaron que el costo total de la medida asciende a $2.500.000 millones, lo que obliga a evaluar alternativas de financiamiento y posibles mecanismos de pago escalonado.

El conflicto se originó tras la aprobación de la ley en el Congreso y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Poder Legislativo. La normativa fue luego ratificada en primera y segunda instancia judicial, lo que derivó en la actual obligación de cumplimiento.

En este contexto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, en caso de no mediar una suspensión judicial, el Ejecutivo deberá comenzar a transferir fondos de manera inmediata.

La medida cautelar vigente exige cumplir con artículos vinculados a la actualización salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de reforzar el financiamiento de becas.

Datos del sistema universitario indican que las transferencias a las casas de estudio registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios del sector quedaron por debajo de la inflación en el mismo período.

En paralelo, el Gobierno analiza el esquema legal para intentar postergar la ejecución del fallo mientras avanza la instancia ante la Corte. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que la apelación no tiene efecto suspensivo automático.

En ese escenario, el Ejecutivo deberá definir cómo afrontar el pago de los fondos mientras continúa el proceso judicial, en medio de reclamos del sector universitario por mayor financiamiento.