Fiscalía definirá en días si formaliza la causa por los peces muertos en Cuesta del Viento

A tres meses del impactante hallazgo de miles de peces muertos en las costas del Dique Cuesta del Viento, un hecho que conmocionó a la provincia de San Juan el pasado 3 de noviembre de 2025, la Justicia se encuentra en un punto de inflexión. La incertidumbre que rodea al caso, marcado por la falta de certezas oficiales sobre el origen de la mortandad, podría comenzar a despejarse en el corto plazo. El fiscal de la UFI Norte, Sohar Aballay, quien lidera la investigación de oficio, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre el estado actual del legajo y los tiempos procesales que determinarán si el caso avanza hacia una imputación formal o si se archiva por falta de pruebas de criminalidad.

Plazos legales y definiciones inminentes

Tras el receso de enero, la actividad judicial en la zona norte de la provincia ha retomado su ritmo habitual. El fiscal Aballay confirmó que se reincorporó a sus funciones el pasado lunes y que la causa de los peces muertos en Cuesta del Viento es una de las prioridades en su agenda de trabajo.

"En esta causa estamos dentro de la etapa de investigación previa de los 90 días, los cuales vencen ahora a mitad de mes", explicó el funcionario a este medio.

Sohar Aballay, fiscal de la UFI Norte.

Este periodo es fundamental, ya que constituye el tiempo que tiene el Ministerio Público Fiscal para recolectar evidencias antes de decidir si existen méritos para una formalización de la investigación.

A diferencia de otros procesos que suelen extenderse, Aballay manifestó su intención de dar una respuesta rápida a la sociedad de Iglesia y Jáchal.

"Yo quiero ya, antes de los 90 días, tener una resolución de esta causa y poder sacar una definición", aseguró.

El fiscal adelantó que la decisión final se conocerá entre esta semana y la próxima, una vez que termine de analizar el cúmulo de elementos probatorios recolectados de oficio desde el inicio del episodio.

Las pruebas sobre la mesa: informes y contradicciones

Para reconstruir lo sucedido aquel 3 de noviembre, la fiscalía ha solicitado una serie de informes técnicos a diversos organismos. Según detalló Aballay, como ya lo había informado DIARIO HUARPE, ya cuentan con las respuestas y datos aportados por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami), la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica. Estos documentos son vitales para entender si las condiciones del agua sufrieron alteraciones compatibles con un vertido contaminante o si se trató de un fenómeno multicausal derivado de factores climáticos. Sin embargo, el escenario es complejo. Mientras la investigación avanza, los datos aportados por sectores independientes y la observación directa sugieren que los peces actuaron como bioindicadores de un cambio abrupto y violento en el ecosistema. Es más, los análisis de la UNCuyo detectaron la presencia de cloro total en puntos sensibles de la cuenca, como el río La Palca (0,12 mg/l) y el sector del Puente Buena Esperanza (0,08 mg/l)., un elemento que no debería estar presente en un río cordillerano.

Esta discrepancia entre las hipótesis oficiales (muerte por hipoxia), y las sospechas de contaminación por actividad minera es lo que mantiene a la población en un estado de alerta y desconfianza.

El rol de la Municipalidad de Jáchal y sus análisis

Uno de los puntos de debate en la causa ha sido la participación de los estudios realizados por el municipio de Jáchal. Al respecto, el fiscal aclaró que existe una distinción legal importante en este punto: "Ellos (por el municipio) hacen los análisis por la ordenanza de 'Agua Segura' que no tiene relación directa con esta causa; eso es aparte", señaló Aballay.

No obstante, admitió que si el municipio desea presentar los resultados de los análisis realizados 25 de noviembre por los laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), SGS y CIPCAMI, la fiscalía evaluará su pertinencia.

Para la fiscalía, el foco central sigue siendo la mortalidad de los peces y determinar si ese hecho puntual constituye un delito ambiental. "Nosotros investigamos ese hecho", enfatizó Aballay, diferenciando la vigilancia rutinaria del agua de la búsqueda de responsables por la tragedia ambiental en Cuesta del Viento.

Un escenario de incertidumbre social

Mientras se espera el dictamen de la UFI Norte, la expectativa crece en las comunidades locales. Para los habitantes de Iglesia y Jáchal, el dique no es solo un recurso turístico, sino una pieza clave de su sistema hídrico. La falta de información clara y la demora en los resultados definitivos han alimentado un clima de temor por posibles efectos a largo plazo en la salud y el ambiente.

El proceso judicial que encabeza Aballay será la herramienta para evaluar el rigor metodológico de todas las muestras tomadas y su contexto. El fiscal fue tajante al descartar una prórroga de la investigación: "No es intención mía prorrogarlo otros 90 días; trataré de resolverlo con lo que ya tengo". Esto significa que la resolución de la próxima semana marcará un hito: si el fiscal encuentra justificativo, abrirá formalmente la causa penal; de lo contrario, el caso podría quedar sin culpables.

Cabe destacar que, de no haber conformidad con el dictamen del fiscal, las partes podrán apelar para que el caso sea revisado en otra instancia judicial, asegurando que se agoten todas las vías para alcanzar la verdad sobre lo ocurrido en el espejo de agua iglesiano.