Política > Acusación de tres concejales
Fiscalía pidió documentación al municipio de Angaco en la causa que investiga a Maza Peze
El texto que confeccionaron los ediles denunciantes ingresó el lunes pasado. El fiscal de la UFI Delitos Especiales ya inició con la investigación.
Por Marcos Ponce
La denuncia de los concejales del Frente Todos Claudio Palacio, Valeria Olivera y Natalia Marín que manifiesta el presunto pago de sobreprecios de la gestión que lidera el intendente Carlos Maza Peze, ya tuvo los primeros movimientos en la Justicia.
En las primeras horas de este lunes, el fiscal de la UFI Delitos Especial, Iván Grassi, solicitó informes al Municipio de Angaco con los que podrá contrastar si lo esbozado en la denuncia por parte de los ediles es suficiente para llevar una investigación penal sobre el asunto.
La presentación que hicieron Palacio, Olivera y Marín está acompañada de facturas de las compras observadas de parte del Ejecutivo municipal con los $7.000.000 que el Gobierno provincial desembolsó para la asistencia a las víctimas por el terremoto de enero del año pasado.
En ese marco es que en el texto denunciante, se realiza comparativas del valor de la compra de 600 bolsas de cemento que se abonaron en $432.000 ($720 cada una) y que cinco meses después en el presupuesto que solicitaron los ediles el valor para la misma cantidad fue de $403.000 ($671 cada una).
Justamente esta es la información que el fiscal le solicita al Municipio de Angaco para conocer en detalle si lo aportado por los denunciantes es realmente lo que abonó la gestión del bloquista Maza Peze.
En este marco es que Iván Grassi tiene 90 días para solicitar información y documentación de todo tipo, e incluso puede convocar a los concejales que denunciaron el presunto sobreprecio para que agreguen mayor información. También en estos tres meses el fiscal puede llamar a declarar al intendente o funcionarios municipales para tener más información en este sentido.
Una vez cumplido los primeros 90 días, el funcionario judicial puede solicitar una prórroga de 90 días más para definir si lo que se denunció es delito penal o no.
En el trabajo judicial también están incluidos los privados que también fueron apuntados en el texto presentado por los ediles Palacio, Olivera y Marín. Es decir que en la investigación también se intentará determinar la responsabilidad que tienen Leandro Rodríguez, dueño del comercio Todo Obra, y Jorge Mauricio Paredes, proveedor del municipio en las compras que se realizaron con los fondos de emergencia que envió la Provincia.
La obtención de los datos que dieron inicio al relevamiento de los concejales de Angaco fue la publicación de las facturas de las compras que debieron hacer público por ser montos que envió la Provincia mediante dos decretos que sirvieron para ayudar a las familias afectadas por el terremoto que tuvieron derrumbes de sus viviendas.