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Inmobiliarias sanjuaninas reconocen que prorrogan contratos para evitar la registración en la AFIP

El plazo para inscribir los inmuebles en el órgano recaudador venció y en San Juan dicen que fueron pocos los anotados.

16 de abril de 2021

Desde el 1 de marzo quedó operativa una medida nacional para que todos los contratos de alquileres celebrados desde el 1 de julio del año pasado a la fecha pudieran registrarse en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de darle transparencia y seguridad al mercado inmobiliario. Sin embargo, en San Juan reconocen que hubo poco movimiento en el ente recaudador y desde las inmobiliarias admiten que la mayoría de los propietarios prorrogaron los contratos vigentes para evitarse cumplimentar ese paso legal que venció este 15 de abril.

El titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia, Mauricio Turell, comentó a DIARIO HUARPE que hubo “muchos casos” donde el locador prorrogó el tiempo del contrato para zafar de esa obligación impuesta, aunque sostuvo que este mecanismo es viable solamente una vez y en casos excepcionales.  

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“La prórroga se hizo una herramienta habitual y es un error bastante importante porque si ese contrato deja de cumplirse o por cualquier razón tenés que llevarlo a la Justicia ahí se genera el problema”, alegó.

El planteo surgió luego de que Víctor Bazán, titular de la Asociación de Inquilinos, explicara a este medio que muchos propietarios realizaban esta maniobra para no registrar el inmueble. Sostuvo que la mayoría se escudaba en los costos que le iba a implicar en el futuro tener que destinar parte del arrendamiento a las arcas de la AFIP.

“Solamente puede hacerse una vez (la prórroga) porque sino se está tergiversando la primera base de información, es decir, el primer contrato de alquiler”, reiteró Turell. El profesional contó que muchas veces esto no se formaliza y se basa en un acuerdo de hecho entre las partes.

El referente de las inmobiliarias locales dijo que no hay un límite de tiempo en cuanto a la extensión del contrato. En este caso puntual mencionó que todo se basa en los plazos razonables estimados entre el mes y los seis meses. “Si lo hacen por un año es una acción jurídica sospechosa porque actualmente nadie lo prorroga por ese tiempo”, precisó. Turell argumentó que esto solamente aplica para los contratos formales.

Inscripciones en AFIP: ¿Qué pasó en San Juan?

El empresario reconoció que en estos últimos 45 días hubo poco movimiento de los inmobiliarios en la AFIP para inscribir los contratos de alquiler. La registración facilita que el inquilino pueda recibir una factura por el pago y deducir del Impuesto a las Ganancias hasta el 40% de las sumas que abona en concepto de alquiler. Por su parte, los propietarios que quieran llevar adelante juicios de desalojo a futuro deberán declarar previamente el contrato de arrendamiento.

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Más allá de estas especificaciones, Turell dijo que esto solamente “sirve para la recaudación del organismo”. Ahí realizó una división y comentó que los monotributistas pagan un monto menor, mientras que los responsables inscriptos lo hacen en mayor medida. Este cálculo es devengado de acuerdo al canon locativo que perciben cada mes. Además indicó que esto es independiente de si el inquilino pagó o no el arrendamiento en tiempo y forma.

Preocupación

Sin explicitarlo abiertamente, los inmobiliarios están preocupados porque creen que en el corto plazo la AFIP les exigirá la escritura de los inmuebles y en el supuesto de presentar una que marca una antigüedad de, por ejemplo, seis años interrogarán a los propietarios sobre el destino que tuvo esa propiedad en todo ese lapso y tienen temor de que puedan operar retroactivamente y cobrarse los costos adeudados.

“La AFIP puede llegar a presumir que desde ese tiempo a la fecha uno estuvo alquilando ese inmueble y no tributó. Si se concreta esto se va a arruinar más el sector inmobiliario”, comentó.

Dato

Turell explicó que el propietario que no se inscribió podrá ser multado en el caso de una denuncia puntual. Además correrá con desventaja en un proceso judicial en donde se dilucide un desalojo.

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