La causa de Casanello por el derrame en Veladero no avanzó

En 2016, meses después del derrame en la mina Veladero, el juez federal Sebastián Casanello exigió hacerse cargo de la investigación de lo sucedido en septiembre de 2015. La Corte Suprema intervino y en 2017 decidió que parte de la investigación tenía que hacerse en el juzgado jachallero y que a Comodoro Py solo le correspondía ver si había responsabilidad de funcionarios nacionales.

Pero a pesar de que fue un cruce de alto voltaje mediático, que Casanello llegó a acusar de imparcialidad a la Justicia sanjuanina y que habló varias veces de la importancia de la causa, la parte de la que se hizo cargo fue la única que no avanzó. Este lunes 31, a 7 años del incidente en la mina iglesiana, un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca se movilizó a Buenos Aires para reclamar que empezara el juicio oral. Con más de 70.000 firmas, solicitaron que avancen con esta, la única investigación pendiente por lo ocurrido en San Juan y pidieron reunirse con el Secretario de Ambiente, Juan Cabandié.

La investigación en Buenos Aires, según definió la Corte Suprema, debía determinar si había una responsabilidad de quienes estaban a cargo de la cartera minera nacional. El juez federal actuó contra el ex secretario de Ambiente, Sergio Lorusso, el secretario de Ambiente de la Nación Juan José Mussi y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral. Según entendió Casanello, los funcionarios no cumplieron con sus deberes como funcionarios públicos.

La investigación que llegó a manos del funcionario avanzó hasta que Casanello cerró la instrucción contra los funcionarios y pidió llevarlos a juicio oral, algo que debía suceder en 2020, pero quedó frenado en un principio por la pandemia. En la actualidad, es la jueza María Servini de Cubría quien tiene la causa, pero todavía no dio fecha para convocar a los imputados.

En San Juan no quedan causas pendientes

Tres veces hubo incidentes en Veladero, en el primero de ellos hubo ríos afectados y en todos los casos se iniciaron procesos judiciales y administrativos en paralelo. En San Juan el trabajo judicial lo realizó casi en la totalidad el juez Pablo Oritja, que estaba a cargo del juzgado de Jáchal.

El magistrado intervino primero en 2015, cuando se conoció el primer derrame, que afectó el río Potrerillos. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario recordó que en su momento su intervención empezó frenando la producción tras una medida de amparo y luego se encargó de llevar tanto el proceso civil como el penal.

Fueron tres investigaciones distintas, la única que tuvo un proceso penal fue la del primer derrame, debido a que fue en esta ocasión se vio afectado un curso de agua. En ese momento se dieron dos problemas en simultáneo. Encargados de Veladero decidieron dejar una compuerta abierta para poder bajar el nivel de agua dentro del valle de lixiviación. Mientras esta vía estaba habilitada, se rompió una válvula de la cañería de solución cianurada, que terminó saliendo y afectando el río Potrerillos.

Los trabajadores habían dejado asentada la decisión de dejar la compuerta abierta y por eso terminaron procesados en el fuero penal por incumplir las normas de manejo de sustancias peligrosas. Antes de llegar a juicio reconocieron su responsabilidad y recibieron una probation y debieron pagar una multa. A la empresa la obligaron a volver el valle de lixiviación a niveles seguros y durante ese tiempo no pudo operar y debieron instalar cámaras de seguridad para que haya monitoreo constante del valle de lixiviación.

En los incidentes de 2016 y 2017, recordó Oritja, hubo fallas en las cañerías de solución cianurada, pero, al no haber dejado compuertas abiertas como la primera vez, el sistema de contención funcionó y no llegaron contaminantes a los ríos. Por eso no hubo causas penales, pero sí se frenó el trabajo en la mina a través de cautelares.

En el último caso, debido a que se comprobó que la empresa no había cumplido con las mejoras previstas, Veladero, en ese momento operada únicamente por Barrick, recibió la multa más alta de la historia argentina a una empresa privada: más de USD 11 millones.