La ONU y Veladero: tras un pedido de informe, Barrick desmintió las acusaciones

Una serie de comunicaciones formales se desató desde septiembre a noviembre de 2022 entre especialistas relacionados con la Organización de Naciones Unidas, los gobiernos de China, Canadá y Argentina y la empresa Barrick, por la mina Veladero en San Juan. Se trata de un ida y vuelta que, al parecer, estaría por llegar a su fin, pero que no empezó a hacer ruido mediático hasta este enero. Y todo gira en torno a acusaciones de asambleístas contra el proyecto minero.

Empezó con una comunicación de especialistas independientes, vinculados a la ONU, que se mostraron “preocupados” por “informaciones recibidas” sobre derrames e incidentes en la mina iglesiana. En el texto se refieren a los hechos confirmados entre 2015 y 2017, pero también a las acusaciones de un supuesto derrame en 2022, que fueron refutadas por especialistas.

No se trata de un informe, sino de un pedido de información y aclaraciones de parte de los Relatores Especiales, tal es el cargo de los especialistas. Este rol les permite enviar solicitudes a Naciones Unidas para que pidan estas explicaciones a organizaciones, empresas y hasta gobiernos. De esta manera, empezó el cruce de cartas, en las que Barrick y los gobiernos de China y Argentina negaron las acusaciones.

Uno de los argumentos principales que presentaron las partes para desmentir los argumentos de asambleístas y los relatores especiales fue un informe de otra oficina de Naciones Unidas. Es que Unpos (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) descartó que se hubieran puesto en riesgo la salud o derechos de iglesianos y jachalleros.

Desde noviembre no hubo más intervenciones de los relatores o de quienes fueron citados a aportar información. Tampoco hubo un “Procedimiento especial” de Naciones Unidas, que podía intervenir y comunicar también su preocupación si así lo hubiese considerado necesario.

A continuación, una cronología de un ida y vuelta sobre San Juan, en las más altas esferas mundiales, que recién sale a la luz completo por primera vez, en este informe de DIARIO HUARPE.

Qué preocupó a los relatores especiales

La primera carta tiene fecha del pasado 16 de septiembre y la firman tres relatores especiales para Naciones Unidas, Marcos Orellana, Fernanda Hopenhaym y David R. Boyd. Los mismos afirman que “existe un asunto que justifica una atención inmediata” debido a informes que recibieron de posibles afectaciones contra la salud y derechos humanos de las comunidades de Iglesia y Jáchal.

En el texto piden información sobre los incidentes de 2015, 2016 y 2017, en el primero de los cuales llegó solución cianurada al arroyo Potrerillos. Pero también sobre las acusaciones de otro derrame en 2022, que había sido descartado en junio del año pasado. A su vez, los especialistas expresaron su preocupación porque en la información que recibieron aseguraban que no se habría alertado a las autoridades.

El texto, que en total tiene 10 páginas, cita que en estos datos que recibieron durante los hechos ocurridos entre 2015 y 2017 se habría puesto en riesgo la calidad de las aguas. Además, declaran que no se hicieron los controles a la población que se requieren cuando los cursos se ven afectados.

La principal preocupación por parte de los relatores es que los incidentes pongan "en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente". Argumentan además que las poblaciones aguas abajo de la mina utilizan el agua del río para irrigación de cultivos y en caso de haber contaminación con mercurio, este elemento "atraviesa la cadena alimentaria, con lo cual las poblaciones rurales podrían verse afectadas".

Es por eso que vuelven a poner el foco en los informes de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, que según la interpretación de asambleístas dan niveles irregulares de este metal pesado.

La respuesta de Barrick Gold

El 25 de noviembre, la empresa canadiense respondió los pedidos de información de los especialistas en una carta. La misma está firmada por Mark Bristow, el CEO internacional de la compañía, y dirigida al equipo de Relatores Especiales y el de Procedimientos especiales de la ONU.

"Esta respuesta busca proporcionarle información adicional y contexto para aclarar algunos conceptos erróneos e inexactitudes de la carta que nos fue enviada", inicia el texto. Son en total 19 páginas en inglés, en las cuales, además, agregan que presumen que la información llegó de parte de los asambleístas jachalleros. También aclaran que las acusaciones de “incidentes o derrames recientes son insostenibles e infundadas”.

“Barrick ha reconocido tres incidentes en el Valle de lixiviación de Veladero. Los mismos ocurrieron el 13 de septiembre de 2015, el 8 de septiembre de 2016 y el 28 de marzo de 2017. Los tres fueron informados a las autoridades, comunicados públicamente y sujetos a distintos procesos regulatorios”, aclara el texto, ante la denuncia de que no hubo comunicaciones públicas de los hechos.

Sobre el incidente de 2015, Barrick cita el informe de dos organismos de Naciones Unidas, que concluyeron, al igual que otros tres informes de Cipcami, la Universidad Católica de Cuyo y un laboratorio privado, que no se pusieron en riesgo a las poblaciones. El derrame de 2016 no llegó a cursos de agua, pero sí a la periferia del valle de lixiviación y el de 2017 quedó confinado en el mismo, según la empresa. Los tres hechos fueron analizados y por los tres la empresa tuvo que pagar una multa millonaria a la provincia.

Luego de esto se refirieron a las acusaciones de incidentes durante 2021 y 2022 y las negó “categóricamente”. El texto cita que se hicieron monitoreos de calidad de agua antes y en los mismos puntos en los que actuó la Universidad Nacional de Cuyo, institución que cita la carta de los relatores especiales.

El texto detalla que los técnicos de la universidad mendocina aportan datos sin una conclusión en sus estudios y que no hay en el informe pruebas de que haya ocurrido un nuevo derrame en Veladero desde 2017.  Esto se debe a que los estudios mendocinos indican que no hay presencia de mercurio en solución pero sí de mercurio total. El primero aparece en procesos industriales y el segundo puede detectar los minerales naturales del río que contienen este metal.

Esto ya había sido explicado y confirmado con anterioridad por técnicos iglesianos y al menos tres laboratorios: el Cipcami que es gubernamental, el de la Universidad Católica de Cuyo y SGS, un laboratorio privado internacional.

Tras esto el documento invita a los relatores y el equipo a visitar el proyecto iglesiano o continuar el contacto, además de proponer una reunión con las autoridades en Sustentabilidad. Finalmente, recomiendan que los autores del texto visiten la provincia y sean parte de un muestreo para comprobar la calidad del agua.

Las respuestas de los tres gobiernos citados

Además de pedir informes a la compañía, los relatores especiales invitaron al gobierno argentino, el chino y el canadiense a pronunciarse. Estos dos últimos debido a que son los países originales de las empresas Barrick Gold y Shandong Gold, propietarias cada una del 50% de la mina Veladero.

La respuesta del Estado Argentino, como parte potencialmente afectada según el informe de los Relatores Especiales, inicia aclarando que las preguntas de la primera carta “contienen afirmaciones que toman por ciertas algunas presunciones, sobre las cuales se pretende brindar información certera y confiable”.

A su vez, además de negar que hubiera falta de información afectación a las comunidades, transcribieron las conclusiones del informe de la ONU. La comisión de Naciones Unidas evaluó que “el incidente ambiental no ha tenido consecuencias sobre las captaciones de agua correspondientes a las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto cuyas fuentes corresponden a ambientes geomorfológicos diferentes al río Blanco, ni tampoco se han constatado evidencias de anomalías sobre punto alguno situado aguas abajo”.

El comunicado del Gobierno de China aclaró que la empresa Shandong Gold no intervino en la mina Veladero no empezó hasta junio de 2017, meses después del último incidente confirmado, en marzo de ese mismo año.

Una de las respuestas que da a lo solicitado por los relatores especiales es la aclaración de Veladero “tiene autorización para funcionar donde se encuentra”. Esto debido a que uno de los argumentos que recogieron los especialistas fue que la mina se encontraba en la Reserva San Guillermo, pero las autoridades asiáticas explicaron que está en una de las zonas donde sí puede haber actividad industrial.

Por su parte, el gobierno canadiense pidió una prórroga indefinida y no ha contestado hasta la fecha al pedido de información de los relatores especiales.