La Justicia intimó al Gobierno a mantener la vigencia del programa Volver al Trabajo

Tras una ardua batalla legal en tribunales, finalmente el Ministerio de Capital Humano tuvo que aplicar el fallo que exige la restitución del programa Volver al Trabajo y dar continuidad a la prestación económica que mensualmente se otorga a personas vulnerables y excluidas del mercado laboral formal.

En este contexto, unos 16 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo, cobrarán el monto mensual de 78 mil pesos. Esto implica, que la Nación deberá girar una partida $124.800.000 deberán ser girados a la provincia, para que las personas cobren la asignación a través del Banco Nación.

La resolución publicada recientemente por la cartera que dirige Sandra Petovello, dispuso que el próximo depósito será a partir del 5 de mayo. Este giro en los acontecimientos sucedió cunado por un fallo del Juzgado Federal de Campana dio viabilidad al amparo colectivo de movimientos sociales, Polo Obrero y otras organizaciones (desde Bloque Piquetero Nacional, UTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa, Movimiento Trabajadores Excluidos, Movimiento Trabajadores Organizados, Federación Rural y sigue una extensa lista de asociaciones civiles). 

El juzgado de Campana determinó que “que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios dando un “plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva. De no cumplir con los plazos de la resolución, se adelantó que se multará al Estado por cada día de incumplimiento”.

Desde el Polo Obrero, comunicaron que “la Justicia nos dio la razón a los movimientos sociales y trabajadores estatales que venimos denunciando este recorte histórico que implica el despido o el cese de casi un millón de personas de un programa por el cual se desarrollan un sinnúmero de trabajos y tareas en comedores comunitarias y cooperativas de trabajo”, dice el texto.

En tanto, hubo también expresiones de diferentes Concejos Deliberantes y de gobiernos provinciales que se posicionaron en contra la decisión del gobierno nacional en cuanto a la suspensión el programa.

En otro orden, desde el movimiento político y social se afirmó que “este ataque no es uno más y además de quedarse con fondos para el pago de la deuda usuraria (con el pago de mayo de la deuda se garantizaría el funcionamiento del VAT con un 30% de aumento del mismo), busca atacar la organización comunitaria que existe en los territorios con el objetivo de desarmar las organizaciones populares y dejar tierra arrasada para que se amplíe el despliegue del narcotráfico como ocurre actualmente”.

¿Qué es "Volver al Trabajo"

En el orden nacional, en total, se habla de un monto global -que estuvo retenido por el Estado Nacional- de unos $72.384.624.000 (Setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro millones seiscientos veinticuatro mil de pesos) presupuestado para 951.871 inscriptos que perciben este salario social complementario. “Volver al Trabajo” comenzó con la gestión de Javier Milei en 2024 al convertir el viejo programa “Potenciar trabajo”. 

Esta herramienta de política pública e inclusión socioproductiva les otorgaba a las personas en situación de vulnerabilidad económica una asignación mensual, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, a cambio de una contraprestación laboral de 20 horas semanales en unidades productivas, cooperativas o de capacitación.
Por lo general, las tareas de contraprestación consistían en mantenimiento y limpieza, construcción, textil, o actividades de cuidado, que tanto cooperativas, pymes y municipios demandaban.

En 2024, por decisión de Capital Humano, este plan fue disuelto y dividió sus funciones en “Volver al Trabajo” (donde quedó la mayoría, entre 900.000 y un millón de personas) y el Programa de Acompañamiento Social (que, por el mismo monto, llega a un poco más de 200.000 personas). La promesa para su implementación fue que, los recursos económicos lo administrasen una empresa que a su vez realizaría la capacitación laboral para los beneficiarios. 

El problema, denuncian los beneficiarios, que dichos cursos nunca estuvieron disponibles y, aun así, prestaban los servicios en comedores, merenderos y en municipios. Tampoco, desde el Gobierno, hubo actividades de capacitación en los últimos dos años. 

Hasta que finalmente, a principios de marzo, Capital Humano resolvió disolver y dar de baja todo el sistema de prestación, lo que ocasionó una fuerte reacción y el inicio de la demanda judicial.