TV Pública: la Justicia pidió más informes sobre contratos del amigo de Adorni

La Justicia federal avanzó con nuevas medidas en la investigación por los vuelos privados a Punta del Este que involucran al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El juez Ariel Lijo pidió a la TV Pública los expedientes completos de los contratos firmados con la productora del periodista Marcelo Grandío, con el objetivo de reconstruir el circuito administrativo y determinar los ingresos generados.

El requerimiento incluye información detallada sobre las áreas por las que pasaron los expedientes, la documentación contable y los presupuestos asociados, así como la identificación de los funcionarios que intervinieron en cada etapa, desde la evaluación hasta la firma final. La emisora estatal se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La medida se enmarca en la causa que investiga los viajes en avión privado durante el feriado de Carnaval, en los que, según testigos, Grandío habría invitado a la familia Adorni. La Justicia intenta establecer si existió algún tipo de contraprestación o vínculo entre esos vuelos y los contratos firmados con la TV Pública.

En ese contexto, también se solicitó un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandío y Horacio Silva, quien figura como presidente de la productora Imhouse, mencionada en seis contratos con la emisora. Si bien el juzgado ya recibió parte de la documentación, resolvió ampliar el pedido para analizar el origen de cada expediente.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la declaración de una gerenta comercial de la empresa que intermedió en la contratación de los vuelos privados. La testigo afirmó que Grandío pagó los viajes y que le manifestó que se trataba de una invitación para una familia, que luego identificó como la del jefe de Gabinete.

Según su testimonio, el periodista solicitó inicialmente evitar la facturación de los vuelos, aunque finalmente se emitieron comprobantes por el tramo de ida a nombre de la productora. También indicó que el regreso se habría abonado en efectivo y que se intentó vender asientos vacíos para reducir costos.

La declaración incorporó además registros de mensajes y derivó en una restricción de contacto para Grandío, luego de que la testigo denunciara presiones durante el proceso judicial.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si Adorni y Grandío compartieron otros viajes o coincidieron en destinos en fechas cercanas. La investigación también abarca un expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Con estas medidas, el juzgado busca avanzar en la reconstrucción de los hechos y establecer posibles vínculos entre los contratos públicos y los viajes privados bajo análisis.