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Política > Claridad

Ley de proveedores mineros avanza con ajustes finales en San Juan

“Estamos trabajando en la semántica de algunos artículos”, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. El proyecto avanza tras alcanzar consenso sectorial.

A la espera de la ley, desde las empresas, por ejemplo Vicuña, vienen teniendo rondas de negocios con proveedores locales. (Foto: gentileza).

 

La ley de proveedores mineros en San Juan continúa dando pasos, lentos, pero firmes. “Estamos trabajando en la semántica de algunos artículos”, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, al describir el estado actual del proyecto, que ya superó la etapa de consenso con operadoras y cámaras empresariales locales.

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La definición expone un momento clave para la iniciativa. Tras meses de diálogo con los distintos actores del sector, el proyecto avanza ahora en la redacción fina, una instancia centrada en ajustes técnicos, jurídicos y conceptuales que definirán la versión definitiva de la norma.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el principal objetivo es garantizar claridad interpretativa y previsibilidad regulatoria, dos variables consideradas centrales en una industria de fuerte dinamismo económico como la minería.

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Consenso previo, estrategia central

Según explicó Perea en diálogo con el programa San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, la fase más sensible del proceso fue la construcción de acuerdos sectoriales. “Lo más importante es que se logró el consenso”, señaló el ministro, al referirse al trabajo conjunto realizado con la Cámara Minera de San Juan y las cámaras de proveedores locales.

La metodología adoptada por el Ejecutivo priorizó el diálogo antes de avanzar hacia la instancia legislativa. La estrategia buscó alinear intereses, reducir tensiones futuras y garantizar previsibilidad dentro del ecosistema productivo minero.

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El consenso alcanzado, remarcan desde el Ejecutivo, no solo aporta respaldo institucional, sino también estabilidad económica, una variable sensible en una industria atravesada por inversiones de largo plazo.

Con los lineamientos generales ya acordados, el proyecto avanza en la etapa de pulido normativo. Se trata del refinamiento de conceptos, alcances y definiciones que estructurarán la futura ley.

“Estamos trabajando en la semántica”, explicó Perea. La expresión refiere al ajuste preciso de la redacción, orientado a evitar ambigüedades y garantizar coherencia jurídica.

Desde la cartera minera indicaron que esta instancia resulta habitual en normativas de alto impacto económico. El objetivo es consolidar un texto técnicamente sólido, capaz de sostener estabilidad regulatoria en el tiempo.

Señales tempranas en el mercado local

Mientras la normativa avanza, el Gobierno destaca que ya comienzan a observarse movimientos concretos dentro del mercado proveedor local. El propio ministro vinculó ese proceso con decisiones recientes adoptadas por compañías mineras.

En ese marco, Perea mencionó que proyectos vinculados al cobre ya adjudicaron licitaciones a empresas sanjuaninas. Entre los ejemplos citados, destacó la contratación del servicio de catering y la ejecución de tramos de caminos dentro del corredor norte.

Se trata de procesos licitatorios privados que, según remarcan desde el Ejecutivo, reflejan una mayor integración de firmas locales en obras y servicios estratégicos.

Además, el ministro recordó que, en el caso de Hualilán, actualmente el 100% de los proveedores son empresas de San Juan, al igual que la mano de obra contratada de manera directa e indirecta.

Una ley pensada para San Juan

El Gobierno provincial insiste en que la futura normativa no replica modelos estándar. Aunque otras provincias mineras cuentan con leyes similares, la intención fue diseñar una herramienta adaptada a las particularidades productivas locales.

“La provincia va a tener una ley de proveedores que es superadora”, sostuvo el ministro.

San Juan presenta una estructura minera consolidada, con múltiples proyectos metalíferos en distintas etapas y un entramado empresario que ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

En ese contexto, la normativa apunta a ordenar criterios de participación, registro, contratación y articulación entre operadoras y empresas locales.

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