Madre e hija robaron secadores en el Cívico y pidieron la captura de una de ellas

Dos años después de haber recibido el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por el robo de secadores de manos en el Centro Cívico, madre e hija volvieron a quedar bajo la lupa judicial. El incumplimiento total de las reglas impuestas por la Justicia derivó en una nueva audiencia que terminó con destinos distintos para ambas mujeres: mientras la madre obtuvo una última oportunidad para regularizar su situación, la hija fue declarada en rebeldía y sobre ella pesa ahora un pedido de captura.

El hecho que originó la causa ocurrió en agosto de 2024, cuando ambas mujeres ingresaron al Centro Cívico y sustrajeron dos secadores de manos eléctricos instalados en uno de los baños públicos del edificio. Según la investigación, cada una tomó un aparato y abandonó el lugar.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del complejo estatal, elemento que resultó clave para identificarlas y avanzar con la investigación penal. Poco después fueron detenidas y sometidas al proceso judicial correspondiente.

Ese mismo año, la Justicia resolvió otorgarles la suspensión de juicio a prueba —conocida como probation—, una salida alternativa que les evitaba enfrentar un debate oral siempre que cumplieran determinadas condiciones impuestas por el juez de garantías.

Entre esas obligaciones figuraban la realización de trabajos comunitarios y el pago de una reparación simbólica de $20.000 cada una. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó acreditado que ninguna de las dos cumplió con los compromisos asumidos al acceder al beneficio.

Ante ese escenario, se celebró una nueva audiencia para revisar la situación procesal de ambas imputadas. Allí se constató una diferencia sustancial: la madre compareció ante el tribunal, mientras que la hija no se presentó pese a estar debidamente notificada.

Frente a la presencia de la mujer mayor y considerando la posibilidad de que aún pueda cumplir con las reglas fijadas, el juez resolvió prorrogar por seis meses más la suspensión del juicio a prueba. El objetivo es que en ese período complete las tareas comunitarias y abone la reparación económica que permanecía pendiente desde 2024.

Distinta fue la resolución respecto de la hija. Su inasistencia injustificada motivó que el tribunal la declarara en rebeldía, medida procesal que implica el pedido de captura para asegurar su comparecencia ante la Justicia.

Así, una causa que parecía encaminada a cerrarse mediante una salida alternativa volvió a activarse por el incumplimiento de las condiciones impuestas originalmente por el tribunal.