Fiscalía y Familia afinan un protocolo para responder a situaciones vulnerables

Jóvenes o adultos con problemas de consumo de drogas, personas afectadas a temas de salud mental y menores que deben ser separados de sus padres en contextos críticos son, hoy, algunos de los casos más frecuentes que llegan a las Unidades Fiscales de San Juan. Se trata de situaciones que, en la mayoría de los casos, no constituyen delitos y que exceden las competencias del Ministerio Público Fiscal, pero que igualmente requieren una intervención inmediata del Estado. Ante este escenario, el Fiscal General ante la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, convocó a una reunión de trabajo con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y sus respectivos equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un protocolo de actuación conjunta que permita dar respuestas rápidas y eficientes, en línea con los principios de la justicia restaurativa.

Según explicó Baigorrí, existe una falencia estructural en la articulación entre los distintos organismos que deben intervenir en la protección de los sectores más vulnerables. “Con el ministro de Familia, con la oficina de Justicia Restaurativa, con el monseñor Jorge Lozano y con todas las asesorías que defienden a los más vulnerables —niños o personas con discapacidad— vemos que hay áreas que están postergadas y donde hacen falta muchas cosas de gestión”, sostuvo.

El fiscal general remarcó que las Unidades Fiscales reciben con frecuencia denuncias de familias que atraviesan situaciones de desborde, vinculadas al consumo problemático o a trastornos de salud mental. “Las UFI nos dicen que reciben a una familia que denuncia que su hijo está en un estado de descontrol y eso no es un delito, es un problema de consumo o una cuestión mental. Por solidaridad, debemos hacernos cargo, pero también generar puentes con Familia y Desarrollo Humano para que se den soluciones concretas”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del protocolo en elaboración tiene que ver con los casos de niños que son retirados de hogares problemáticos. Baigorrí recordó que, por ley, la responsabilidad primaria recae en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio. “Cuando se retira a un niño de su hogar, Familia tiene que hacerse cargo. La norma es clara y lo que falta es una articulación más ágil”, indicó.

En ese marco, el fiscal general confirmó que se trabaja en un protocolo de emergencia que permita activar mecanismos de intervención inmediata y evitar que estas situaciones queden atrapadas en vacíos institucionales. “Estamos tendiendo puentes con el Ministerio para darle una atención más rápida y eficiente a estos casos”, señaló.

Por su parte, el ministro Carlos Platero destacó la importancia de fortalecer la conexión diaria entre Fiscalía y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. “Me reuní con el Fiscal General y su equipo. El tema más importante que quería plantear es la necesidad de profundizar la conexión entre el Ministerio, a través de sus direcciones, y la Fiscalía, especialmente en lo que tiene que ver con CAVIG y ANIVI”, explicó.

Platero detalló que durante los encuentros se abordaron los protocolos de actuación de ambas áreas y el trabajo que desarrolla la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en el marco de la justicia restaurativa. “Buscamos que aquellas personas que terminan una condena puedan tener una inserción, una salida. Es algo nuevo que está impulsando la Fiscalía junto a la doctora Raquel Trincado”, señaló.

Si bien reconoció que los protocolos ya existen, el ministro admitió que es necesario “aceitarlos” para que funcionen mejor. “Tenemos que lograr una conexión permanente. De hecho, ya lo marcamos con dos reuniones en una misma semana”, concluyó.

La iniciativa apunta a ordenar la intervención estatal en situaciones complejas que no son delitos, pero que hoy demandan respuestas urgentes, evitando la judicialización innecesaria y fortaleciendo una mirada integral desde la justicia y las políticas sociales.