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Otro funcionario del Gobierno bajo investigación por bienes
Un funcionario del Ministerio de Economía quedó en el centro de la polémica tras detectarse propiedades en Estados Unidos que no habría declarado.
POR REDACCIÓN
Un nuevo escándalo golpea al Gobierno nacional: el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, quedó bajo la lupa de la Justicia tras revelarse la existencia de propiedades en Estados Unidos que no habrían sido declaradas en sus presentaciones oficiales.
La información surge de registros inmobiliarios del estado de Florida y de investigaciones periodísticas que detectaron al menos cinco inmuebles no informados, cifra que podría ascender a ocho propiedades en total. Estas unidades estarían vinculadas al funcionario a través de sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción conocida por su baja transparencia fiscal.
Entre las firmas señaladas aparecen Genova LLC y Waki LLC, utilizadas presuntamente como vehículos para adquirir departamentos valuados entre 140.000 y 310.000 dólares en zonas como Palm Beach, Lantana y West Palm Beach. Incluso, uno de los inmuebles figura directamente a nombre del propio Frugoni, adquirido en 2021 por unos 215.000 dólares.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es que una de las propiedades habría accedido a beneficios fiscales reservados para residentes permanentes en Estados Unidos, pese a que el funcionario desarrolla su actividad en la Argentina, lo que abre interrogantes sobre su situación impositiva.
El caso se suma a otros cuestionamientos recientes dentro del oficialismo por presuntas irregularidades patrimoniales. Entre ellos, aparecen investigaciones que involucran a otros funcionarios por supuestos delitos económicos, lo que profundiza el desgaste político del Gobierno.
La legislación vigente obliga a los funcionarios públicos a declarar todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior. La omisión de activos puede configurar el delito de omisión maliciosa, que contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en función del avance de la causa.
De esta manera, el nuevo episodio judicial abre un frente sensible para la gestión nacional y suma presión en un contexto ya marcado por denuncias y cuestionamientos a la transparencia de distintos funcionarios.