Picón defendió la Ley Penal Juvenil: "Si ya tuviéramos una ley, cuántas vidas se habrían salvado"

El Gobierno nacional de Javier Milei anunció el envío al Congreso la Ley Penal Juvenil para ser tratado durante las sesiones extraordinarias. En este marco, la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, defendió la necesidad de avanzar con una reforma integral del régimen y sostuvo que, si bien la norma “no soluciona todo el problema”, puede ser una herramienta clave si se articula con políticas públicas de Estado.

“Esta ley no soluciona todo el problema, pero en conjunto con políticas públicas de Estado va a tender a mejorarlo”, afirmó Picón en diálogo con el programa San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1. La legisladora explicó que su proyecto original planteaba la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años para delitos graves, en línea con iniciativas presentadas por otros sectores, incluido un proyecto impulsado en su momento por la actual senadora nacional, Patricia Bullrich. Sin embargo, durante el tratamiento en comisión, el texto fue modificado para alcanzar acuerdos que permitieran avanzar con el dictamen.

Para la diputada, los hechos de inseguridad protagonizados por menores exponen la urgencia de una reforma. “La vida nos está mostrando los hechos. Si ya tuviéramos una ley que aborde estos casos, cuántas vidas se podrían haber salvado”, planteó, y remarcó que el atraso legislativo deja a la sociedad sin respuestas.

“Coincidíamos (con Bullrich) en la baja a los 13 años, pero para lograr las firmas necesarias se consensuó subir la edad a 14 e incorporar delitos menores con otro tipo de penas”, detalló. Ese dictamen se logró antes del cierre del período ordinario, aunque la iniciativa perdió estado parlamentario y deberá volver a discutirse con la nueva conformación de la Cámara, donde La Libertad Avanza consiguió un fuerte apoyo a través del voto popular y sumó legisladores.

Penas, contención y reinserción

Uno de los ejes centrales que defendió Picón es la diferenciación entre delitos menores y delitos graves, con un esquema de sanciones que priorice la contención y la reinserción. En el caso de los delitos menores, explicó que las penas previstas no son punitivas en el sentido tradicional, sino obligaciones vinculadas a la educación, el deporte y la salud mental.

“Las penas eran que el chico tenga que estudiar, hacer deporte y asistir a tratamientos de salud mental, y demostrarlo ante un juez”, explicó. Para los delitos de mayor gravedad, en cambio, sostuvo que debe haber cumplimiento efectivo de condenas, pero en espacios separados del sistema penitenciario de adultos.

Infraestructura y un desafío pendiente

Consultada sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores privados de libertad, Picón reconoció que se trata de un desafío complejo. “No se puede mandar a un chico de 14 o 15 años a un pabellón con adultos condenados por delitos graves. Va a haber que generar infraestructura y trabajar con profesionales”, señaló.

En ese punto, remarcó que la privación de la libertad debe ir acompañada de formación en oficios y asistencia integral, para que la reinserción sea posible una vez cumplida la condena. “Hay mucho que ver en el medio, pero hay que empezar. Si no, no estamos dando respuestas”, advirtió.

Por otro lado, Picón sostuvo que San Juan cuenta con políticas públicas que permitirían acompañar la implementación de una eventual ley penal juvenil. Mencionó los programas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y destacó el fortalecimiento del área de salud mental, con la creación de una dirección específica dentro del Ministerio de Salud.

“Es la primera vez que el Ministerio de Salud tiene una Dirección de Salud Mental, y eso habla de la importancia que el gobernador Marcelo Orrego le da a este tema”, afirmó. También recordó que las obras de remodelación del instituto Nazario Benavídez y otras políticas de contención comenzaron a impulsarse antes de que el debate legislativo volviera a instalarse.

“Para el gobernador, los chicos son un tema fundamental. Educación y salud mental son pilares, y se viene trabajando desde hace tiempo”, sostuvo la diputada, al tiempo que subrayó que no se trata solo de una preocupación, sino de una ocupación concreta del Estado provincial.

Consensos y votos en el Congreso

Respecto del escenario parlamentario, Picón se mostró optimista sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con la ley. Recordó que el dictamen en mayoría ya se había logrado con una composición distinta de la Cámara y consideró que, con el nuevo equilibrio de fuerzas, los consensos deberían mantenerse.

“Así se hacen las leyes, consensuando. Algunos querían 13, otros 14, otros sumar delitos con penas distintas, y se llegó a un acuerdo”, explicó. Si bien señaló que aún resta definir si el proyecto ingresará por el Senado o por Diputados, aseguró que el tema seguirá avanzando porque cuenta con respaldo social.

“Los consensos no solo están en el Congreso, también están dados por la sociedad, que espera respuestas del Estado”, concluyó Picón, al reafirmar su expectativa de que el proyecto de Ley Penal Juvenil finalmente se convierta en ley.