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Reforma del Código Penal: los 22 cambios clave que enviará el Gobierno
El Gobierno presentará en el Congreso un proyecto que endurece penas, amplía delitos imprescriptibles y fija prisión efectiva en la mayoría de los casos.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una actualización que endurece penas, incorpora nuevas figuras delictivas y amplía el alcance de los delitos imprescriptibles. La iniciativa busca reemplazar un texto vigente desde 1921 e introduce 22 cambios centrales que impactan en áreas como corrupción, delitos viales, narcotráfico, cibercrimen, violencia de género y protección ambiental.
Durante la presentación, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el objetivo es elevar las penas y asegurar su cumplimiento. Según explicó, el proyecto establece que “el 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”. El Ministerio de Justicia agregó que, con el aumento de los mínimos penales, se busca limitar excarcelaciones en condenas inferiores a tres años.
Uno de los ejes principales es la imprescriptibilidad de delitos graves. El texto extiende esa condición al homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico. También sostiene la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa establece además que la prisión perpetua para homicidio agravado será “para toda la vida”, sin límite temporal. En paralelo, amplía agravantes en hechos de violencia y en delitos cometidos contra personas consideradas especialmente vulnerables.
Delitos vinculados a corrupción
El proyecto endurece las penas para funcionarios acusados de cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. Se prevé también avanzar con decomisos más amplios y mecanismos de extinción de dominio para impedir la recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita.
Violencia en el deporte
La normativa incorpora figuras específicas para sancionar disturbios, agresiones o hechos violentos ocurridos en estadios, espectáculos masivos y eventos públicos. Las penas aumentan tanto para quienes participan como para quienes organizan o encubren este tipo de conductas.
Narcotráfico
Se amplían las herramientas para perseguir redes de tráfico de estupefacientes, desde la producción hasta la comercialización internacional. Habrá agravantes cuando intervengan funcionarios públicos o menores de edad.
Accidentes de tránsito
Las tragedias viales cometidas por conducción imprudente, bajo efectos del alcohol o en carreras clandestinas recibirán penas superiores. El proyecto contempla castigos mayores cuando haya múltiples víctimas o situaciones de negligencia grave.
Delitos contra la familia
Se actualizan conductas vinculadas a violencia intrafamiliar, incumplimientos de deberes de asistencia y otras formas de afectación a derechos de integrantes vulnerables.
Protección del ambiente
El texto introduce la figura de ecocidio, destinada a sancionar daños masivos o irreversibles contra el ambiente. La contaminación agravada y los ataques a áreas protegidas también tendrán penas más altas.
Bienes culturales
Se crean sanciones específicas para el tráfico, destrucción o ocultamiento de bienes arqueológicos, históricos o de valor cultural.
Compra y venta de niños
Se incorporan agravantes para la entrega ilegal de niños, responsabilizando tanto a intermediarios como a quienes se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad.
Violencia de género
La reforma endurece delitos vinculados a violencia doméstica, sexual y digital. Incluye figuras como el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas, con agravantes por motivos de género, identidad u orientación sexual.
Nuevos delitos del entorno digital
Se suman tipos penales asociados al cibercrimen, entre ellos fraude informático, acceso indebido a sistemas, usurpación de identidad, grooming y pornovenganza.
Motochorros
Se definen agravantes específicos por delitos cometidos mediante el uso de motovehículos, debido al riesgo para víctimas y terceros.
Crimen organizado transnacional
La normativa refuerza la persecución de redes dedicadas a tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes y corrupción sistémica, con herramientas para decomisos extendidos y detección de testaferros.
Terrorismo y financiamiento
El proyecto actualiza la legislación en línea con organismos internacionales como la ONU y el GAFI, incluyendo atentados a infraestructuras críticas y congelamiento preventivo de bienes vinculados con financiamiento ilícito.
Estabilidad fiscal y monetaria
La iniciativa penal incorpora bienes jurídicos vinculados al sistema económico, como la falsificación monetaria, evasión tributaria organizada, contrabando agravado y maniobras especulativas de alto impacto.
Protección del proceso electoral
Se agrupan más de treinta figuras penales destinadas a proteger la transparencia del voto. La propuesta contempla sanciones por manipulación de datos e imágenes, uso de algoritmos para influir en electores, desinformación digital, alteración de perfiles y empleo de cuentas automatizadas para coaccionar o distorsionar el proceso.
Finalmente, la reforma confirma la vigencia plena de la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.