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Tensión en Ecuador por protestas tras anunciar el fin del subsidio al diésel
Transportistas e indígenas protestaron en Ecuador contra el fin del subsidio al diésel y bloquearon rutas en seis provincias.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Ecuador enfrenta una creciente protesta por el fin del subsidio al diésel. La medida elevó el precio de 1,80 a 2,80 dólares, lo que provocó bloqueos de rutas en seis provincias y fuertes críticas de comunidades indígenas y transportistas. El Ejecutivo de Daniel Noboa sostiene que los fondos antes destinados al beneficio, unos 1.100 millones de dólares anuales, se redirigirán a programas sociales, compensaciones al transporte pesado y apoyo a sectores agrícolas y pesqueros.
Desde el fin de semana, las manifestaciones se registran en Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay. Los cortes de caminos fueron protagonizados por camioneros, mientras que el transporte urbano en las principales ciudades continúa operando con normalidad. Aunque no hubo violencia grave, en algunos puntos como Carchi se produjeron detenciones.
El ministro de Transporte, Roberto Luque, declaró que “no hay justificación para aumentar las tarifas del transporte público ni los precios de los alimentos” y precisó que los transportistas recibirán compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares durante ocho meses.
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, defendió la decisión: “No es un ‘paquetazo’, este es el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso de la historia de Ecuador”. Añadió que el Gobierno está dispuesto al diálogo, pero no a negociar bajo presión. “No se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar”, afirmó.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) rechazó la postura oficial y advirtió: “El Gobierno está llevando al límite la paciencia popular. Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo”. La organización recordó los levantamientos de 2019 y 2022 contra Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que paralizaron el país durante semanas.
En un comunicado, la Conaie acusó al Ejecutivo de priorizar las exigencias del FMI: “Con esta decisión, Noboa demuestra que no le importa el pueblo ni la gente: por cumplir con el FMI y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo”. La organización, que agrupa 14 pueblos y 18 nacionalidades, anunció que activará todos sus mecanismos de resistencia para enfrentar el ajuste.
Para responder a la tensión, el presidente Noboa trasladó temporalmente la sede del Gobierno a Latacunga, en Cotopaxi, una provincia de fuerte presencia indígena. El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la ubicación es “estratégica” para enfrentar posibles disturbios: “Si alguien pretende hacer algún tipo de problema, nosotros estamos cerca… Noboa está tomando las decisiones correctas para el país”.
A pesar de las protestas, el Gobierno cuenta con el apoyo de sectores empresariales y comerciantes, que consideran la eliminación del subsidio un paso necesario para la estabilidad económica. Noboa, en su segundo mandato desde mayo, impulsa un plan de ajuste fiscal que incluye despidos en el sector público, nuevos impuestos y recortes en varios subsidios en línea con un acuerdo de financiamiento de 5.000 millones de dólares firmado con el FMI.