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Tras el caso Úrsula, en San Juan priorizarán las causas de policías acusados de violencia
Flagrancia y el Cavig deberán priorizar las denuncias que entren contra uniformados, ya que consideran de riesgo que tengan armas. También pedirán pericia psicológica.
POR REDACCIÓN
La muerte de Úrsula Bohillo en Buenos Aires tuvo su eco en San Juan este viernes. Es que la Fiscalía General anunció que todos los casos de denuncia de violencia de género en el que el denunciado sea un policía o integrante de cualquier fuerza de seguridad serán tratados con más urgencia.
La decisión de tratar como prioritarios estos casos tiene una fundamentación que ya se encontraba en la ley: toda persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o de género que posea un arma es tratada de forma diferente. Los policías e integrantes de las fuerzas de seguridad tienen todos en su poder al menos el arma reglamentaria.
En total son cuatro los artículos en los que se consigna el nuevo protocolo de acción, que es el mismo que había para personas que tenían armas. En los mismos detallan que los casos deben "resultar de prioritario interés, abordaje y gestión". Además de que los despachos deben hacerse con más urgencia en cualquiera de estos casos.
La decisión de la Fiscalía General afecta directamente al trabajo de las unidades fiscales de investigación del Cavig (Centro de Asistencia contra la Violencia Intrafamiliar y de Género), y de Flagrancia. No así con los juzgados normales ya que estos dependen directamente de la Corte de Justicia.
Por otro lado, son el Cavig y Flagrancia los que toman los casos de violencia intrafamiliar o de género de forma más directa. Es que el primero funciona como un centro abierto las 24 horas donde se puede tanto denunciar y hacer una solicitud de protección y en el segundo entran los casos en los que los victimarios son encontrados cometiendo el delito de forma flagrante.
La resolución publicada por la Fiscalía y firmada por su titular, Eduardo Quatropani, suma otra medida que deberán tener en cuenta los fiscales a la hora de tratar casos de violencia de género en el que intervienen policías. Se trata de una medida por la cual todos los uniformados deberán mantenerse alejados de los denuncias, respetando las medidas de protección, hasta que hayan pasado por una pericia psicológica que determinen que pueden seguir teniendo y usando armas.