Centros de estudiantes y seguridad privada, los temas más álgidos

En una de las últimas sesiones del período ordinario de este año, los diputados llevaron a cabo una intensa labor.
Resolvieron aprobar la modificación de la ley que aporta la regulación de servicios de vigilancia, custodia y seguridad privada.

En este sentido se generó un arduo debate en torno a uno de los puntos. Se trata de la exigencia de estudios completos de nivel secundario o polimodal a trabajadores de vigilancia privada, exceptuando de la medida a aquellos trabajadores que se encuentren prestando servicios a la entrada en vigencia de la ley.

“Hemos establecido una prórroga por tres años de esta ley reglamentada en 2012 para que los trabajadores que se encuentran en servicio actualmente y no culminaron el secundario no se queden sin trabajo”, manifestó el diputado Víctor Muñoz Carpino.

Desde la oposición manifestaron su desacuerdo con la prórroga ya que destacaron que, al tratarse de seguridad, debe ser un requerimiento la preparación adecuada del personal inmediatamente contratado.

Sin embargo, Muñoz Carpino destacó que se gestionarán las actuaciones necesarias para que los actuales trabajadores reciban capacitaciones para actuar ante emergencias, aún sin haber concluido el secundario.

Las modificaciones introducidas a la ley también establecen que el uso de uniformes especiales, inherentes a cada actividad, deberá ser expresamente autorizado por la autoridad de aplicación que también deberá controlar y autorizar un carnet de habilitación que será expedido al personal por las empresas.

Durante la sesión también fue creado un Programa Habitacional para Personal Activo y en Servicio Efectivo de las Fuerzas de Seguridad Provincial, pertenecientes a la Policía y el Servicio Penitenciario.

La ley establece que en los barrios de libre demanda que se construyan mediante operatorias del IPV exista un cupo del 10% de las unidades para ser destinado a los integrantes de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario.

El plenario, además y como tema destacado, aprobó un despacho conjunto autoría de los legisladores Cristian Morales y José Peluc, por el que fue creado el Régimen legal para la organización y funcionamiento de Centros de Estudiantes.

En tal sentido, la norma aprobada propone garantizar las condiciones institucionales para el funcionamiento de los Centros de Estudiantes en todos los establecimientos de enseñanza de nivel secundario y superior no universitario, de gestión pública y privada, dependientes del Ministerio de Educación.

Señala además que el Centro de Estudiantes es el órgano natural de representación de las alumnas y alumnos de cada establecimiento educativo y a la vez pueden participar todos aquellos alumnos que acrediten ser alumnos regulares, como único requisito.