“Argentina es un país que no tiene una ley de acceso a la información”

– El narcotráfico representa un desafío nuevo para el periodismo argentino que forma parte de la gran amenaza que se cierne sobre la Argentina en general. No obstante el tema no tiene la relevancia que le corresponde dentro de la agenda del oficialismo y de la oposición.

– Soy una de las voces que se levantan en este tema. En los reportajes a los candidatos presidenciales que publicó el diario La Nación, el único que habló sobre narcotráfico fui yo. No lo digo para diferenciarme sino para alertar que en efecto en la política se habla muy poco del tema. Y eso me aterra, me subleva. Este tema me llevó, hace poco más de un mes, a México para hablar con sus principales referentes para ver cómo el narcotráfico había penetrado a la política. Allí, el 70% del sistema municipal está cooptado por el narcotráfico. Esto ocurrió por la ausencia de políticas públicas, por la falta de un compromiso político, y está haciendo fracasar el “pacto por México”.

La Argentina todavía está a tiempo de frenar un avance mayor. Narcolandia, de Juan Manuel Bordón y Virginia Messi, y Sinaloa-Medellín-Rosario, de Gustavo Sierra, son dos libros que recomiendo leer porque muestran la expansión de los carteles colombianos y mexicanos. Yo propongo que este tema esté fuera de la competencia electoral y dentro de un compromiso de Estado que debemos suscribir todos. La invitación del arzobispado de Buenos Aires de diciembre del año pasado a los presidentes de los partidos es una iniciativa interesante pero es necesario un compromiso más fuerte, teniendo en cuenta que el ingreso del narcotráfico a la política ya se produjo. La elección del oficialismo de 2007 fue financiada por los “reyes de la efedrina”, tema no menor ya que Argentina se convirtió en un paraíso de producción de drogas sintéticas a partir de su importación indiscriminada. Cuando se discute la distribución de poder en nuestro país, no se discute desde la perspectiva tradicional referida a la soberanía popular, el voto, los partidos, la representación. Hoy pasa por otros carriles: las bandas del crimen organizado, el narcolavado, la economía del delito.

– ¿Qué perspectivas cree que tiene el proyecto de telecomunicaciones a partir de 2015?

– Como todos los proyectos que el Gobierno ha sacado a los ponchazos, sin visos de consenso con las otras fuerzas políticas, terminará en la judicialización. La vía de esos proyectos en los últimos tiempos ha sido la elucubración unilateral por parte del Gobierno, el paso por el Congreso como un trámite puramente formal, clausura frente a posibilidades de debate o de enriquecer el proyecto, la conformación del proyecto en ley y luego la judicialización y, cuando es posible, el retroceso a través de una sentencia. Eso paso con la “democratización de la Justicia”, está pasando con la ley de abastecimiento, pasará con algunos aspectos del Código Civil. Fui protagonista en estos días, como todo senador, del paso del proyecto de telecomunicaciones por el Senado. Fue una vergüenza. Lo enviaron dos días después de haber convocado a la licitación del 4 G, sin que esto formara parte de un aviso a los que se habían presentado. Los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron las empresas que se habían presentado en la licitación. Al presentarse en el Congreso tuvo una primera observación del bloque oficialista (a través de las palabras del senador Pichetto respecto a la concentración de las telefónicas), lo corrigieron, sacaron dictamen, el miércoles en el recinto hubo otras correcciones y fue aprobado por la mayoría oficialista, 38 senadores sobre 72. Por lo tanto, un proceso tan irregular de sanción de las leyes hace que todo en la Argentina termine en la Justicia.

– ¿Cuáles serían los principales puntos de una política de medios si fueran Gobierno? Acceso a la información, publicidad oficial, medios públicos, etc.

– Hay que partir de una concepción filosófica: ¿qué se entiendo por la libertad de expresión? En la Argentina a esta libertad le pasa lo mismo que a tantos otros derechos y libertades consagrados en la teoría y en las leyes pero en los que se registra una distancia sideral en su ejercicio. Y el obstáculo es la concentración de poder político. Una de las herramientas para obstruir la libertad de expresión es la pauta oficial, sobre todo en el interior del país. Se suman la falta de acatamiento de los fallos judiciales, como los de la Corte, o la inexistencia de una ley de acceso a la información pública. La Argentina es uno de los cuatro países de América que no tienen una ley. Venezuela, Bolivia y Costa Rica son los otros tres. Claramente no hubo voluntad política de avanzar por parte del oficialismo. Cuando ingresé al Senado, en 2004, llegó un proyecto de acceso con media sanción de Diputados. Ingresó a la Comisión de Asuntos constitucionales, presidida por Cristina Fernández de Kirchner. Pasó por un año de debate para ser reformado profundamente, con la intención de que volviera a la Cámara de Diputados y se planchara. En 2010 hubo otro intento que tuvo media sanción en el Senado y fue frenado por el núcleo duro del Gobierno en Diputados. Paradójicamente es el mismo Gobierno que impulsó el Decreto 1172, del año 2003, que representó un enorme avance. Pero el Gobierno se dedicó a obstaculizar el funcionamiento del decreto. En síntesis, en materia de pauta oficial hay que respetar los parámetros que fijó la Corte. En acceso a la información, hay que volver a alguno de los proyectos que tuvieron media sanción.

– ¿Qué haría con la ley de medios?

– Primero, una gran audiencia pública para analizar cómo fue implementada. Esto no puede quedar librado a la discrecionalidad de un gobierno que venga a hacer tabla rasa con lo que se hizo antes. Tenemos que discutir cuáles han sido los efectos de estos cinco años e aplicación de la ley. Yo identifico algunos. Por ejemplo, una indiscriminada batería de autorizaciones para nuevos medios que no tenía nada que ver con la democratización de la palabra ni el acceso igualitario. Hubo autorizaciones a amigos del poder, mechadas para disimular con algunas autorizaciones legítimas. Pero diría que el 80% corresponde al primer grupo. En segundo lugar, hay que incorporar en el debate la distribución de la pauta oficial. Y también el funcionamiento del AFSCA, que no puede tener una mayoría oficialista que termine convalidando cualquier decisión del poder político.