A la espera de notificación de La Rioja, Vicuña opera con normalidad

Mientras crece el impacto judicial minero por la medida dictada en La Rioja, en San Juan el proyecto minero Vicuña continúa operando sin cambios. Según pudo confirmar DIARIO HUARPE de fuentes calificadas de la empresa, hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial sobre la resolución que ordena la suspensión de actividades por 30 días en territorio riojano.

La aclaración introduce un matiz clave en el conflicto interprovincial que se desató en las últimas horas: pese al fallo judicial que generó repercusión en ambos lados de la Cordillera, en los hechos, la operatoria del proyecto no se ha visto afectada hasta ahora.

“No hemos sido oficialmente notificados de ninguna resolución. Cuando seamos notificados y la estudie el equipo de legales veremos los siguientes pasos”, indicaron desde la compañía ante la consulta de este medio.

En ese marco, remarcaron que la actividad continúa con normalidad. “Vicuña va a seguir operando con absoluta normalidad”, afirmaron, descartando por el momento cualquier tipo de paralización en las tareas.

La situación abre un escenario de incertidumbre respecto a la aplicación efectiva de la medida dispuesta por la Justicia riojana. Tal como trascendió desde la vecina provincia, la resolución ordena la suspensión de actividades vinculadas al proyecto por un plazo de 30 días, en tanto no se presente el estudio de impacto ambiental en dicha territorio.

Sin embargo, desde la empresa sostienen que la falta de notificación formal impide, por ahora, que esa decisión tenga efectos concretos en la operación diaria.

Revuelo

La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, apunta a la falta de presentación del estudio de impacto ambiental en esa provincia, bajo el argumento de que el emprendimiento tendrá efectos que trascienden los límites jurisdiccionales.

En ese sentido, el secretario de Ambiente riojano, en diálogo con el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, Santiago Azulay, fijó la postura de su provincia con una frase contundente: “Somos exigentes y pedimos que se respete nuestra soberanía y nuestra autonomía provincial”.

La medida, dictada por la Justicia riojana, ordena la suspensión total del proyecto por 30 días, en tanto la empresa no presente el estudio de impacto ambiental en territorio de esa provincia. De acuerdo a lo planteado por Azulay, la resolución judicial abarca cualquier tarea vinculada al desarrollo del proyecto, desde la circulación hasta las acciones de explotación. “Cualquier actividad que pueda generar impacto queda comprendida dentro de la medida”, señaló.

En ese marco, también quedó interrumpido el tránsito por el camino que conecta con el proyecto, un trazado de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa territorio riojano, incluyendo sectores de la reserva natural Laguna Brava.

La llave para destrabar todo

Pese al freno impuesto, el funcionario dejó abierta la posibilidad de una resolución rápida si la empresa cumple con el requerimiento. “Si la empresa presenta el estudio de impacto ambiental, la suspensión se levanta inmediatamente”, indicó.

Más allá del aspecto técnico, Azulay reconoció que el conflicto también refleja una instancia de diálogo que no prosperó. Según explicó, desde La Rioja se realizaron presentaciones formales tanto a la empresa como a las autoridades sanjuaninas para que se avanzara con la evaluación ambiental en su territorio.

“Creo que se subestimaron esas instancias de diálogo y eso nos trajo hasta esta situación”, sostuvo. No obstante, evitó escalar el conflicto y remarcó la voluntad de encontrar una salida conjunta. “Nadie busca perjudicar ni a la empresa ni a San Juan”, aseguró.

Sin embargo, volvió a marcar el límite político de su provincia. “Somos respetuosos del desarrollo minero y de la inversión privada, pero también somos exigentes de que se respete en la misma medida a nuestra provincia”, insistió.

Dato

Fue a partir de una presentación realizada por la Fiscalía de Estado de la provincia mediante una medida autosatisfactiva ante la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chilecito. Este tribunal tiene competencia territorial en todo el oeste riojano, especialmente en la zona del Bermejo, área limítrofe con la provincia de San Juan donde se emplaza el proyecto Vicuña.