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Argentina rechazó pedidos sobre el oro del Central en la causa YPF
El Gobierno de Argentina afirmó que las reservas son inembargables y denunció un intento de hostigamiento en tribunales de EE.UU.
POR REDACCIÓN
La República Argentina dio un nuevo paso en el litigio por la expropiación de YPF al pasar a la ofensiva legal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. A través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el Estado solicitó la suspensión del proceso de discovery y del pedido de desacato impulsado por los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, al que acusó de ejercer un “hostigamiento sistemático” contra el país.
Según el escrito presentado en los tribunales de Manhattan, la estrategia de los demandantes vulnera la soberanía nacional y afecta las relaciones internacionales, al avanzar con requerimientos de información considerados invasivos y ajenos al objeto central del juicio.
Cumplimiento versus desacato
La Procuración del Tesoro de la Nación remarcó un cambio de postura respecto de administraciones anteriores. Mientras que en el pasado Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023 el país, según la defensa, cumplió estrictamente con el proceso de discovery.
En ese sentido, el Estado sostuvo haber realizado un “esfuerzo extraordinario” al entregar un volumen de información sin precedentes. No obstante, advirtió que Burford respondió con nuevos pedidos que calificó como desproporcionados, intrusivos y carentes de relevancia procesal.
El foco del conflicto: las reservas de oro
El punto de mayor tensión se centra en la reciente solicitud del fondo litigante para obtener información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La defensa argentina fue categórica al rechazar el planteo y fundamentó su posición en dos ejes centrales.
Por un lado, sostuvo que las reservas pertenecen al BCRA y gozan de inmunidad de ejecución bajo normas del derecho internacional, por lo que no pueden ser embargadas. Por otro, consideró que cualquier intento de acceder a datos sobre esos activos resulta manifiestamente improcedente e ilegítimo.
Acusaciones de intencionalidad política
Uno de los argumentos más duros presentados ante la jueza Loretta Preska apunta a la supuesta motivación política de Burford. La PTN citó declaraciones públicas de los demandantes en las que habrían manifestado su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
Para el Estado, estas expresiones desnaturalizan el proceso judicial y lo convierten en una herramienta de presión y hostigamiento, moral y jurídicamente inaceptable, con el objetivo de obstaculizar el normal funcionamiento del país.
El planteo argentino busca ahora que la Justicia estadounidense limite el alcance de las medidas solicitadas por los demandantes y reafirme la protección de activos considerados estratégicos, en un litigio que continúa siendo uno de los más sensibles en el frente judicial internacional.