Docentes apelaron la resolución que exige 75% de clases en paros

Los principales gremios docentes de San Juan presentaron un recurso jerárquico contra las resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo que establecieron la obligación de garantizar un 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza. La presentación fue realizada por UDAP, UDA y AMET, que solicitaron la revocación de las decisiones administrativas por considerarlas arbitrarias y contrarias al orden constitucional.

El recurso fue presentado por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), con patrocinio legal de los abogados Pascual Persichella, Roberto Correa Esbry y Marcelo Arancibia. La presentación se realizó ante el subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese, en el marco de los expedientes administrativos vinculados al conflicto docente.

Según consta en el documento, las organizaciones sindicales interpusieron el recurso jerárquico contra las resoluciones N° 039-ST-2026, 040-ST-2026 y 041-ST-2026, dictadas por la Subsecretaría de Trabajo el pasado 9 de marzo. En el escrito, los gremios sostienen que dichas resoluciones resultan “ilegítimas, arbitrarias y contrarias al orden constitucional”, por lo que solicitaron su revocación y la declaración de nulidad.

En la presentación también se formuló un planteo de inconstitucionalidad respecto del régimen aplicado por la autoridad laboral para fijar la obligación de prestación mínima durante el paro. Según argumentaron los sindicatos, la medida afecta el derecho de huelga garantizado por la Constitución y vulnera las garantías sindicales.

Los gremios además dejaron planteada la posibilidad de acudir a la Justicia provincial o federal en caso de que el planteo administrativo no prospere. En el escrito señalaron expresamente que se reservan el derecho de recurrir a los tribunales para defender lo que consideran derechos constitucionales vulnerados.

Unificación de expedientes

Otro de los puntos centrales del recurso fue el pedido de acumulación de expedientes administrativos vinculados al conflicto. Las organizaciones solicitaron que los expedientes N° 208-000883-2026, 208-000871-2026 y 208-000907-2026 sean tratados de manera conjunta.

El argumento central es que existe una identidad sustancial entre los casos, ya que intervienen los mismos sindicatos, se discute el mismo conflicto colectivo y las resoluciones adoptadas por la autoridad laboral tienen fundamentos jurídicos similares.

En ese sentido, los gremios sostuvieron que analizar los expedientes por separado podría generar decisiones contradictorias. Por esa razón pidieron que se disponga su acumulación para un tratamiento y resolución conjunta, invocando principios de economía procedimental, coherencia administrativa y seguridad jurídica.

El conflicto se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo dispusiera que, durante las medidas de fuerza docentes, las escuelas debían garantizar un nivel mínimo de funcionamiento equivalente al 75% del servicio educativo. Esa decisión se tomó en el marco del conflicto salarial que mantienen los gremios con el Gobierno provincial.

Desde los sindicatos sostienen que esa exigencia restringe el derecho a huelga y condiciona la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. Por ese motivo decidieron avanzar con la vía administrativa para intentar revertir la resolución.

Ahora será la autoridad superior dentro del Ministerio de Gobierno la que deberá analizar el recurso presentado y resolver si confirma o revoca las resoluciones cuestionadas por las organizaciones sindicales. Mientras tanto, el conflicto docente continúa sumando capítulos en el plano administrativo y podría escalar al ámbito judicial si no hay una resolución favorable para los gremios.