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Caso "Pichi" Paredes: el fiscal recibirá a la familia este viernes
El fiscal Francisco Pizarro informará avances de la causa a los allegados del fallecido.
La investigación por la muerte de Daniel Alberto "Pichi" Paredes, ocurrida en el interior de un calabozo de la Comisaría 12 en Valle Fértil, entra en una instancia de definiciones institucionales. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, ha programado para este viernes a las 10.00 de la mañana un encuentro clave con la familia de la víctima para informarles sobre los avances de la causa.
El dato fue confirmado en diálogo con DIARIO HUARPE por Marcelo Sandez, uno de los abogados que representa a la familia Paredes. Según explicó el letrado, la reunión tiene como objetivo primordial que los familiares directos —entre ellos Renato Paredes, hermano del fallecido— tomen conocimiento de primera mano sobre las diligencias realizadas hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal. "En principio nos ha convocado a la familia para informar el estado de la causa y qué es lo que se ha hecho hasta ahora", detalló Sandez durante la entrevista.
Expectativa por la exhumación y el expediente
Durante el diálogo, el abogado Marcelo Sandez reveló que la estrategia legal de la querella ha sumado pedidos concretos que esperan resolución en la reunión del viernes. La defensa ha solicitado formalmente la exhumación del cuerpo de Paredes para realizar pericias complementarias que permitan echar luz sobre las causas del deceso. "Hemos pedido la exhumación del cadáver, todavía no nos responden respecto de ese tema", señaló el abogado, agregando que también esperan obtener finalmente las copias del expediente judicial, un acceso que les ha sido postergado hasta este encuentro.
Sandez destacó que existe una "excelente predisposición" por parte del fiscal Pizarro y que la postergación de algunas definiciones se debió a la propia dinámica de los protocolos que rigen estas causas delicadas. No obstante, el abogado fue tajante al afirmar que los próximos pasos legales y el rumbo que tome la querella dependerán exclusivamente de la información oficial que se revele en la fiscalía durante la jornada del viernes. "En base a eso es como nos vamos a seguir moviendo", sentenció el profesional.
El caso
Daniel "Pichi" Paredes, un trabajador municipal de 45 años, fue hallado sin vida el pasado 23 de abril, un día después de haber sido detenido por presuntos disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol. Si bien la hipótesis inicial de la policía fue el suicidio por ahorcamiento, la familia y la comunidad de Valle Fértil rechazan de plano esa versión, exigiendo una investigación que determine si hubo responsabilidades penales de quienes debían custodiarlo.
Intervención de organismos nacionales
La gravedad del hecho motivó la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Carlos Goya, miembro del mecanismo local, se presentó en la fiscalía para verificar si se cumplió con el Protocolo de Minnesota, una norma internacional de cumplimiento obligatorio para investigar muertes de personas bajo custodia del Estado. Goya remitió los datos obtenidos al organismo nacional para que tome intervención directa ante la posibilidad de que existan irregularidades en el accionar policial.
El reclamo de la familia
Renato Paredes, hermano de la víctima, ha sido la voz más crítica contra la versión oficial. Para Renato, la idea del suicidio es inconcebible debido a la personalidad servicial y la vitalidad que, según él, caracterizaba a su hermano. Además, la familia ha denunciado que no se les permitió reconocer el cuerpo inicialmente, lo que alimentó las sospechas de malos tratos.
Desde lo legal, aunque la causa se inició como actuaciones investigativas por fallecimiento, la querella apunta a un posible incumplimiento del deber de cuidado o negligencia por parte del personal de guardia de la Comisaría 12. "La persona desde el momento que es detenida pasa a resguardo de la institución policial. Tienen que cuidarlo", subrayó Sandez. La reunión del viernes será fundamental para determinar si las pruebas recolectadas, como el libro de guardia y las cámaras de seguridad, respaldan la teoría de la familia o la hipótesis policial.